Obra pública: el Gobierno profundiza el ajuste y concentra los fondos en cuatro provincias

El Gobierno de Javier Milei profundizó durante 2026 el recorte de recursos destinados a la obra pública y avanzó hacia un nuevo esquema basado en una mayor participación de las provincias y del sector privado. Según un informe de la consultora LCG, el gasto de capital acumuló una caída real del 10% entre enero y julio, mientras que las transferencias de Nación a las provincias para financiar obras se redujeron 52% en comparación con el mismo período de 2025.

El ajuste también modificó la distribución de los recursos. Durante los primeros siete meses del año, el Gobierno transfirió unos $0,5 billones para obras, pero el 70% de ese dinero se concentró en cuatro provincias: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, cuyos gobernadores mantienen una postura dialoguista con la Casa Rosada. En contraste, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía durante 2026.

La diferencia también se refleja en los montos por habitante. De acuerdo con el informe, Catamarca recibió recursos que superan en más de 23 veces el promedio provincial. Entre las obras financiadas aparecen proyectos de transporte y energía eléctrica en Tucumán, trabajos de agua potable y alcantarillado en Catamarca y Salta, y proyectos habitacionales en San Luis.

En paralelo, la inversión ejecutada directamente por Nación también registró una fuerte contracción. Según LCG, desde enero acumula una caída real del 38%. Dentro de ese gasto, Transporte concentró el 43% de los recursos ejecutados, con Buenos Aires como principal jurisdicción beneficiada, seguida por Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos. Uno de los programas con mayor nivel de inversión fue el mantenimiento y atención de emergencias en rutas, aunque también registró una baja real interanual del 28%.

Frente a este escenario, el Gobierno avanza con un cambio de modelo para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial. La estrategia contempla transferir determinadas funciones a las provincias y promover concesiones privadas mediante el cobro de peajes. Ya se firmaron acuerdos con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro, mientras que Córdoba, Neuquén y Corrientes mantienen negociaciones. El esquema contempla que las provincias puedan administrar, reparar, ampliar y conservar determinados corredores, aunque la titularidad y jurisdicción federal de las rutas continúa en manos del Estado nacional.