El Gobierno prepara un decreto para reglamentar la expulsión de extranjeros por discursos de odio

El Gobierno de Javier Milei acelera la elaboración de un nuevo decreto para reglamentar el procedimiento que permitirá aplicar las nuevas causales migratorias vinculadas a discursos de odio, incitación a la violencia contra argentinos por razones de nacionalidad y ultrajes a los símbolos patrios.

La medida se desprende del DNU 681/2026, firmado a fines de julio, que modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas entre los impedimentos para ingresar al país y las causales que pueden derivar en la cancelación de una residencia. Ahora, la Casa Rosada busca definir cómo se aplicará esa facultad en la práctica y qué organismos estarán involucrados.

Uno de los principales puntos que deberá establecer la reglamentación será el mecanismo para determinar cuándo una expresión encuadra dentro de las conductas contempladas por la norma. El Gobierno analiza utilizar el sistema de alertas migratorias existente, aunque todavía debe precisar qué organismo aportará la información, qué tipo de evidencia será necesaria y quién tendrá la responsabilidad de validarla.

La normativa establece, además, límites para evitar que la medida alcance expresiones protegidas constitucionalmente. El DNU excluye las manifestaciones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas. Esta distinción será uno de los aspectos más sensibles de la reglamentación, debido a las consecuencias que podría tener para una persona extranjera una eventual cancelación de su residencia.

El nuevo decreto tampoco creará una facultad de expulsión que actualmente no exista, sino que buscará establecer el procedimiento operativo para aplicar las disposiciones incorporadas por el DNU. Dependiendo de cada situación, la cancelación de una residencia podría derivar en una intimación para abandonar el país o en una expulsión, con las correspondientes instancias administrativas y judiciales.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsado por la administración de Milei. En los últimos años, el Gobierno amplió los controles sobre el ingreso y permanencia de extranjeros, fortaleció la coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales y creó mecanismos destinados a centralizar información y generar alertas migratorias.

La política migratoria también quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, mientras que organismos como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzaron a tener un rol más activo como auxiliares de la autoridad migratoria.