Tras el conflicto portuario, el Gobierno analiza enviar al Congreso la reforma de la desregulación marítima

Luego del conflicto que paralizó la actividad en los principales puertos del país, el Gobierno nacional mantiene en agenda la desregulación del sector marítimo y evalúa enviar al Congreso un proyecto de ley con parte de las reformas previstas. La iniciativa incluiría cambios en el régimen de cabotaje, mientras que la modificación del sistema de practicaje continuará, por el momento, en una instancia de diálogo con los actores involucrados.

Desde la Casa Rosada reconocen que la suspensión del Decreto 690/2026 representó un retroceso respecto del plan original, aunque aseguran que el objetivo de reducir costos logísticos y modernizar la navegación comercial continúa vigente. En ese marco, el Ejecutivo considera que el tratamiento legislativo podría otorgar mayor respaldo a las reformas.

El proyecto en análisis apunta principalmente a modificar el régimen de cabotaje, que regula el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos. Entre los cambios previstos figura la posibilidad de habilitar, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera, además de introducir reformas en la Ley de Navegación y en el régimen de la Marina Mercante.

En cuanto al practicaje —el servicio especializado de asistencia a los buques durante maniobras de navegación y amarre—, el Gobierno optó por priorizar una mesa de negociación integrada por representantes del sector, la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y funcionarios nacionales. El objetivo es alcanzar consensos antes de impulsar una eventual reforma legislativa.

La decisión se produce luego de la fuerte controversia generada por el Decreto 690, que proponía flexibilizar el sistema de habilitación y contratación de prácticos, establecer nuevas reglas tarifarias y permitir mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad del servicio. La medida derivó en un conflicto que paralizó el movimiento de más de un centenar de buques y afectó exportaciones, el abastecimiento de combustibles y operaciones vinculadas al sector energético.

Con este nuevo enfoque, el Ejecutivo busca separar los distintos ejes de la reforma marítima para evitar nuevos enfrentamientos con los sectores involucrados. Mientras el cabotaje aparece como el principal candidato a ser debatido en el Congreso, el futuro del practicaje dependerá primero de los acuerdos que surjan de la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno.