Ley de Tierras: la oposición cuestiona la eliminación de los límites para compradores extranjeros antes del debate en el Congreso

A pocas horas del tratamiento del proyecto en el Congreso, distintos sectores de la oposición endurecieron sus críticas a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei que propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tanto el Partido Justicialista como la Coalición Cívica manifestaron su rechazo y advirtieron que la reforma podría afectar la soberanía nacional y el control de recursos estratégicos.

La Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas firmado por Elisa Carrió y otros dirigentes del espacio, en el que sostiene que "la tierra no es solo un bien económico", sino también un elemento vinculado con la jurisdicción, la seguridad y la continuidad territorial del país. En ese sentido, reclamó que cualquier modificación a la legislación vigente mantenga un equilibrio entre la llegada de inversiones y la preservación del patrimonio nacional.

Por su parte, el Partido Justicialista defendió la actual Ley de Tierras al señalar que considera a la tierra un "bien natural estratégico, escaso y no renovable". Además, recordó que las restricciones a la compra por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la legislación argentina y aseguró que normas similares existen en países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas.

El proyecto impulsado por el oficialismo elimina el tope del 15% de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras, suprime el límite máximo de superficie que una misma persona extranjera puede adquirir y también quita la prohibición para comprar campos con cuerpos de agua permanentes o lindantes con ellos. El Gobierno sostiene que estas restricciones desalientan las inversiones y limitan el desarrollo productivo en distintas regiones del país.

La discusión llega al Congreso luego de que el Gobierno intentara derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, medida que quedó suspendida por una cautelar judicial y cuya constitucionalidad aún permanece bajo análisis de la Corte Suprema. Mientras tanto, la normativa vigente continúa en plena vigencia hasta que exista una resolución definitiva.