La Justicia equiparó la responsabilidad penal de los escribanos con la de los funcionarios públicos

Un reciente fallo judicial estableció que los escribanos deben asumir, en materia penal, un nivel de responsabilidad similar al de los funcionarios del Estado. La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y marca un criterio relevante dentro del ámbito jurídico. La decisión, dictada de manera unipersonal por el juez Gustavo M. Hornos, confirmó la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe a conceder la suspensión del juicio a prueba a Clara Emilse Luisa Yebra de Jorge, una escribana imputada por falsedad documental.

Según se desprende del dictamen, determinadas tareas que realizan los notarios —como la certificación de documentos— no son consideradas simples actos privados, sino funciones que implican una intervención con carácter público. En este sentido, los jueces entendieron que, al cumplir ese rol, los escribanos ejercen una actividad vinculada al Estado.

A partir de esta interpretación, el fallo sostiene que estos profesionales quedan alcanzados por las mismas obligaciones y límites que rigen para los funcionarios públicos dentro del derecho penal. Esto implica que, ante posibles irregularidades, podrían enfrentar consecuencias legales bajo ese mismo marco normativo. 

El pronunciamiento refuerza la idea de que la función notarial no se limita a dar fe de actos privados, sino que cumple un papel clave en la seguridad jurídica, lo que justifica un mayor nivel de exigencia en su desempeño.