La Justicia detectó que al menos 50 represores condenados siguen sin ser dados de baja

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló que al menos 50 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad continúan en situación de retiro, sin haber sido formalmente dados de baja de sus respectivas fuerzas. La investigación, iniciada a fines de 2022, identificó un total de 78 casos en los que los condenados mantenían beneficios como el cobro de pensiones y el acceso a la obra social, pese a contar con sentencias firmes en su contra.

El relevamiento incluyó integrantes de fuerzas de seguridad y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, como el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de organismos como la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Según el informe, en muchos casos los condenados incluso fallecieron manteniendo el estatus de retirados. La PIA solicitó formalmente la baja de estos agentes en distintas instancias entre 2023 y 2024, aunque denunció demoras y obstáculos administrativos que impiden avanzar con la desvinculación definitiva.

El organismo advirtió que esta situación no solo afecta la correcta ejecución de las penas, sino que también contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Además, subrayó que mantener a los condenados en condición de retiro implica sostener un vínculo institucional con el Estado, lo que incluso podría habilitar su eventual convocatoria. En ese sentido, el informe calificó el problema como estructural y alertó sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias dictadas por delitos cometidos durante la última dictadura, en el marco del Golpe de Estado en Argentina de 1976.