El Gobierno derogó una norma clave sobre patentes farmacéuticas y abre el debate en el sector salud

El Gobierno argentino avanzó en la modificación del régimen de propiedad intelectual en medicamentos al derogar la regulación 118/12, una normativa vigente desde 2012 que establecía criterios restrictivos para la aprobación de patentes. La medida, oficializada por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), busca modernizar el sistema, facilitar la llegada de nuevos tratamientos y alinear al país con estándares internacionales.

Con el nuevo esquema, el INPI analizará cada solicitud de patente de forma individual, basándose en criterios tradicionales como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sin los condicionamientos adicionales que regían hasta ahora. Según el Gobierno, esta flexibilización permitirá acelerar el ingreso de terapias innovadoras al mercado local y mejorar la seguridad jurídica para atraer inversiones en investigación y desarrollo. En esa línea, el ministro Federico Sturzenegger calificó la decisión como un cambio “trascendental” que corrige un sistema que, a su entender, dificultaba el acceso a nuevas tecnologías médicas.

La reforma generó distintas reacciones en el sector farmacéutico. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que agrupa a laboratorios internacionales, destacaron que la medida fortalece la previsibilidad y promueve la innovación. En contraste, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos subrayó la importancia de mantener un equilibrio que permita la competencia mediante medicamentos genéricos y biosimilares, advirtiendo sobre prácticas como el “evergreening”, que pueden extender monopolios sin aportar mejoras terapéuticas significativas.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la nueva normativa garantiza la continuidad de los medicamentos ya disponibles en el mercado y descarta cobros retroactivos, al tiempo que promueve un sistema más competitivo en el largo plazo.