Extradición de “Pequeño J”: el ministro de Seguridad bonaerense estimó que podría demorar hasta dos meses

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre el proceso de extradición de “Pequeño J”, acusado de integrar una organización narco y señalado como uno de los responsables del triple crimen de Florencio Varela. Según explicó, Perú ya aprobó el pedido de extradición realizado por la Justicia argentina, pero aún resta que la Corte de ese país defina los delitos específicos por los que será enviado. El funcionario indicó que la solicitud incluye cargos por homicidio, narcotráfico y trata de personas, y estimó que el traslado podría concretarse en un plazo de entre uno y dos meses, una vez finalizados los trámites judiciales pendientes.

Alonso señaló que el juez de la causa solicitó la extradición “por el máximo de los delitos” y destacó que la investigación continúa avanzando con el análisis de teléfonos y otras pruebas que siguen aportando información. De acuerdo con la pesquisa, el joven habría llegado desde Perú siendo menor de edad e integrado una estructura narco con roles jerárquicos definidos. En la Argentina, quedó vinculado a la coordinación de puntos de venta de droga en la zona de Flores y a intentos de expansión hacia Florencio Varela. El móvil del triple crimen estaría relacionado con el robo de una cantidad de droga perteneciente a la organización. Hasta el momento hay 12 detenidos, tres prófugos y la extradición del acusado es considerada clave para completar el entramado del caso.

En paralelo, el ministro se refirió al debate por la Ley Penal Juvenil y volvió a rechazar la baja de la edad de imputabilidad como respuesta al delito. Afirmó que en la provincia los menores que cometen hechos delictivos quedan bajo disposición judicial en institutos especializados y sostuvo que “bajar la edad no cambia nada”. También advirtió que el narcotráfico es el principal problema de seguridad y cuestionó al Gobierno nacional por la falta de control en las fronteras y el desfinanciamiento de fuerzas federales, al considerar que las soluciones deben ser integrales y no solo legislativas.