La Corte Suprema ejecuta el decomiso de bienes de Lázaro Báez por más de US$ 60 millones en la causa “Ruta del dinero K”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició el procedimiento para concretar el decomiso de bienes y fondos pertenecientes a Lázaro Báez, condenado por lavado de activos en la causa conocida como “ruta del dinero K”. El máximo tribunal envió un oficio al Tribunal Oral Federal 4 para informar la adjudicación definitiva de los montos obtenidos en subastas y propiedades registradas a nombre del empresario y su hijo Martín Báez. Los valores decomisados, establecidos en el fallo de 2021 y confirmados de manera definitiva en mayo de 2025, superan los 61 millones de dólares entre dinero en divisas, activos en pesos actualizados por inflación y bienes inmuebles.

La ejecución de estos decomisos había generado tensiones institucionales luego de que el Gobierno nacional dictara el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La medida fue cuestionada por la Corte, que sostuvo que son los jueces penales quienes deben administrar los bienes incautados para preservar la independencia judicial. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda contra el decreto y en octubre de este año el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió su aplicación, al considerar que afectaba la autonomía del Poder Judicial.

La causa por lavado de dinero determinó que entre 2010 y 2013 funcionó una estructura criminal vinculada a Austral Construcciones y a la financiera SGI, mediante la cual se expatriaron fondos ilícitos, se realizaron maniobras financieras en el exterior y se reingresó el dinero simulando inversiones legales. Además del esquema conocido como “La Rosadita”, la Justicia acreditó operaciones paralelas como la compra de una estancia en Mendoza, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos de lujo y el financiamiento de gastos personales de Leonardo Fariña. Con el decomiso ya firme, los bienes pasarán ahora a administración del Estado bajo supervisión judicial.