Reforma laboral: la CGT entra en estado de alerta ante el avance del Gobierno sobre convenios colectivos y la cuota solidaria

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca debatir en las sesiones extraordinarias de diciembre encendió las alarmas en la CGT, que debió suspender las negociaciones internas rumbo a las elecciones del próximo 5 de noviembre para concentrarse en una estrategia de resistencia. Según confirmaron fuentes gremiales, la propuesta oficial —que habilitaría negociaciones laborales por empresa, modificaría convenios colectivos y eliminaría la cuota solidaria— consolida un escenario de confrontación directa con la administración de Javier Milei y cierra cualquier canal de diálogo con la central obrera.

Hasta la semana pasada, la conducción de Azopardo estaba enfocada en definir la lista que competirá por el control de la CGT durante los próximos cuatro años. Sin embargo, el anuncio del oficialismo tras su victoria electoral del 26 de octubre alteró el escenario y reagrupó a todas las vertientes sindicales en un rechazo común. Dirigentes dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA), integrante del Consejo de Mayo, advirtieron que no hay margen para acordar reformas que impliquen una “desregulación total” del mercado laboral. Incluso, Martínez expresó su malestar y, según trascendió, no descarta apartarse del órgano que reúne a referentes gremiales, empresariales y parlamentarios por la falta de entendimiento con la Casa Rosada.

El rechazo también es compartido por sectores tradicionales de la central —los denominados “gordos”— y por una camada de dirigentes jóvenes con creciente influencia, entre ellos Cristian Jerónimo (Vidrio), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes). Entre los puntos más cuestionados figura la habilitación de negociaciones por empresa, lo que, según advierten, podría permitir que pequeñas firmas impongan condiciones inferiores y profundicen la pérdida de poder adquisitivo. La eliminación de la cuota solidaria, clave para el financiamiento sindical, también genera fuerte resistencia. A esto se suma la crítica de la UTEP, que objeta que el proyecto no aborda el problema de la informalidad, que afecta a un tercio de la fuerza laboral.