86.400 personas privadas de su libertad están habilitadas para votar en las elecciones nacionales legislativas del próximo domingo. Lo harán en 317 lugares de detención de todo el país, entre cárceles, alicaídas e institutos de menores y con la misma Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en todo el comicio.
En el país los presos votan desde 2007 y solo pueden hacerlo quiénes están procesados. Así, quedan inhabilitados por la ley los que tienen condena firme, a pesar que un fallo de la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición pero el Congreso Nacional nunca modificó la norma.
En ese último caso está la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa “Vialidad”. Cuando este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas, la ex mandataria fue excluida del padrón, lo que da el derecho a votar.
Tampoco votan los detenidos en comisarias o en prisión domiciliaria, aunque legalmente puedan hacerlo. Los comisarías no están contempladas en la ley y deberían ser un lugar de alojamiento transitorio pero se convirtieron en permanentes. Y quiénes cumplen prisión domiciliaria deberían pedirle autorización al juez de su causa penal para salir de su casa.
La elección de los detenidos se hará en 317 lugares de detención donde habrá 422 mesas de votación. El comicio en una cárcel presenta algunas particulares propias de esos lugares.
El voto es obligatorio pero el nivel de participación es muy bajo.
Con la mitad del Congreso en disputa, Milei y los gobernadores se miden en una elección que puede cambiar la correlación de fuerzas. Provincia por provincia, se juega mucho más que bancas y se pone en discusión quién marca el rumbo político de la Argentina.
