Daniel Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego” en la Justicia y advirtió que podría haber juicio político a Basanta, Fernández, Ludueña y Mercau

La profunda crisis institucional que sacude al Poder Judicial de Santa Cruz escaló a un nuevo nivel. El juez Daniel Mariani, removido de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por sus pares, arremetió con dureza contra los cuatro vocales que firmaron la resolución de su desplazamiento, acusándolos de actuar en el "marco de la ilegalidad" y de perpetrar un "golpe de Estado palaciego" dentro del máximo órgano judicial.

En una nota formal y contundente, Mariani apuntó directamente a los jueces Fernando Basanta, Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau. Su crítica central radica en que las decisiones clave —su remoción de la titularidad del TSJ y la impugnación de las juras de los nuevos vocales Sergio Acevedo y José González Nora— fueron tomadas sin la mayoría mínima exigida por la Ley Orgánica de la Justicia.

El magistrado, que aún firma la nota como presidente del Tribunal basándose en la Ley 3.949 (que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros), fue categórico: “Pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles el carácter de ‘resoluciones’ constituye una conducta carente de validez legal y verdaderas ‘vías de hecho’”.

Mariani advirtió que las actuaciones de sus cuatro pares podrían dejarlos incursos en "causales de mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", lo que abriría la puerta a un proceso de juicio político, conforme al artículo 137 de la Constitución Provincial.

Enumerando las supuestas faltas, Mariani denunció que los vocales desconocen la validez de la ley de ampliación del TSJ y pretenden tomar decisiones con solo cuatro firmas, cuando "la mayoría exigida es de un mínimo de cinco voluntades concordantes". Además, criticó que se haya omitido "de manera flagrante" la integración del Tribunal con funcionarios subrogantes al no alcanzar los cinco votos favorables.

Respecto a la resolución que lo apartó de la presidencia para nombrar a la jueza Reneé Fernández en su lugar, Mariani si bien manifestó no tener "intención alguna de continuar ejerciendo la Presidencia", sostuvo que legalmente sigue siendo el titular porque la decisión de los vocales constituye "otro comportamiento gravemente antijurídico".

La polémica se centra en la vigencia de la Ley 3.949 de ampliación del TSJ, que la oposición y sectores judiciales cuestionan, especialmente a raíz de una medida cautelar del juez Marcelo Bersanelli, que desató este conflicto inédito.

El magistrado finalizó su misiva con una invitación a la reflexión, instando a los jueces a "revisar y corregir las burdas conductas que vienen adoptando, a fin de evitar que miserias, mezquindades y ‘golpes de Estado palaciegos’ obstaculicen el adecuado servicio de justicia y el respeto al marco normativo e institucional".