Fuerte rechazo del Consejo Federal de Defensores al proyecto que elimina la Defensa Pública en Santa Cruz

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales ha emitido un contundente comunicado que sacude el panorama político y judicial de la provincia de Santa Cruz. La preocupación central es el Proyecto de Ley 561, enviado recientemente a la Legislatura Provincial, que busca una drástica modificación de la Ley Orgánica de la Justicia (Ley N° 1600).

La iniciativa propone eliminar el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral en la provincia, una jugada calificada por el Consejo Federal como de "gravedad institucional inadmisible". Según el organismo, de avanzar, este proyecto representaría una "grave afectación al sistema republicano" y un "retroceso" en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.

El cuerpo de defensores advirtió que la eliminación de la Defensoría General resultaría inconstitucional. En su declaración, recordaron que la Constitución de Santa Cruz, en su artículo 6, prohíbe suspender la efectividad de las garantías y derechos constitucionales.

A nivel nacional, el Consejo subraya que el artículo 120 de la Constitución Nacional consagra la autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Defensa, reconociéndolo como un órgano independiente del poder político. "Eliminar este organismo implicaría afectar el acceso a la justicia de miles de personas que dependen de la asistencia legal gratuita del Estado", sentenciaron.

La Defensa Pública cumple un rol "esencial", según el comunicado, en la protección de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Entre los sectores asistidos figuran pueblos originarios, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género, personas con padecimientos mentales y víctimas de violencia institucional o hechos de inseguridad.

El rechazo del Consejo Federal se apoya en sólidas bases internacionales. Recordaron que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reconocido en diversas Resoluciones la importancia de garantizar la independencia y autonomía de las defensorías públicas oficiales como garantía de acceso a la justicia.

Además, citaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador” (2015). En aquella ocasión, el tribunal dictaminó que los Estados deben dotar a las defensorías públicas de autonomía funcional y presupuestaria para asegurar una representación "en igualdad de armas con el poder persecutorio".

El pronunciamiento concluye con un llamamiento directo y urgente al Poder Ejecutivo de Santa Cruz: retirar el Proyecto de Ley 561 y garantizar "el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la Defensora General y de los defensores públicos".

"El respeto irrestricto a la labor y función autónoma de la defensa pública es condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho", enfatizaron.