Una medida judicial ordena al Gobierno nacional no echar a casi 300 trabajadores del INTA

La jueza federal Martina Forns, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, dispuso una medida cautelar para que el Gobierno Nacional se abstenga de cualquier acto administrativo que derive en reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de trabajadores o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por un plazo de seis meses.

La decisión judicial fue tomada a raíz del reclamo realizado por el gremio Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), e impone además una multa diaria de 10 millones de pesos para él o los funcionarios que incumplan la cautelar, que además serán investigados por la posible comisión del delito de desobediencia. “Es un logro nuestro como sindicato y de la justicia a favor de los trabajadores, que conservan sus funciones”, destacaron desde la organización sindical.

El fallo de la jueza Forns se conoció días después de que el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/2025 publicada en el Boletín Oficial el viernes 22 de agosto, dispusiera el pase a disponibilidad de 343 trabajadores de organismos públicos, de los cuales 287 pertenecen al INTA. El recorte también alcanzó al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En su resolución, la magistrada remarcó que el INTA “es un ente autárquico con personalidad jurídica propia, creado en 1956, y que sus trabajadores cuentan con estabilidad garantizada en la Constitución Nacional y convenios colectivos específicos”. En ese marco, consideró que el decreto cuestionado “vulnera derechos adquiridos” e “implica una afectación grave a la estabilidad laboral y sindical”.