Se demora en Diputados el debate por el uso de dólares no registrados

El tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para fomentar el uso de dólares no registrados se postergará al menos una semana más en la Cámara de Diputados, debido a que La Libertad Avanza (LLA) aún no logra reunir los apoyos necesarios en la comisión de Presupuesto, paso clave para su eventual aprobación en el recinto.

La iniciativa, que comenzaría a discutirse la semana próxima en un plenario de comisiones, modifica los umbrales a partir de los cuales el Estado debe investigar posibles delitos de evasión fiscal. Entre los principales cambios, se propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto mínimo de dinero no declarado a partir del cual se consideraría una posible evasión simple. En tanto, el nuevo piso para la evasión agravada pasaría de los actuales $15 millones a $1.000 millones.

La principal traba para el oficialismo se encuentra en la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert. De los 49 miembros que la integran, 20 pertenecen a Unión por la Patria (UxP) y 1 a la izquierda. Con estos 21 votos en contra, LLA necesita al menos otros 21 respaldos para que el presidente de la comisión pueda desempatar y avanzar hacia el dictamen. Sin embargo, para que el dictamen sea válido, se requieren 25 firmas, un objetivo que hoy parece lejano.

Desde Unión por la Patria advirtieron que no presentarán su propio dictamen hasta que el oficialismo logre reunir los apoyos necesarios. De esta manera, LLA enfrenta una doble dificultad: alcanzar el mínimo de firmas en su propio despacho y, al mismo tiempo, conseguir que otros bloques firmen su propuesta —aunque sea en disidencia— o presenten despachos alternativos.

Además del aumento de los pisos para investigar evasión, el proyecto incluye cambios significativos en el sistema tributario. Entre ellos, reduce el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales de cinco a tres años y crea un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permitiría a los contribuyentes quedar "blindados para siempre", según el discurso oficial.

Este nuevo régimen, dirigido a quienes posean un patrimonio de hasta $10.000 millones, exime a los adherentes de informar sobre variaciones patrimoniales o consumos personales. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora transformada en ARCA, solo podrá cobrar el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, sin considerar el crecimiento patrimonial no declarado.

La propuesta es parte de un conjunto de medidas que el Ejecutivo busca implementar para atraer capitales no declarados, fomentar la formalización de la economía y simplificar el sistema tributario. Sin embargo, la oposición advierte sobre los riesgos de promover un “blanqueo encubierto” y de reducir los mecanismos de control sobre grandes patrimonios.