La Justicia ordenó al Gobierno Nacional reparar de forma definitiva un puente clave en Santa Cruz

En un fallo judicial de singular trascendencia, el Juzgado Federal de Río Gallegos ha dictado sentencia en una causa por “amparo“, instada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, y ha condenado al Estado Nacional a resolver de manera perentoria el grave deterioro de los puentes sobre el Río Santa Cruz, en la estratégica Ruta Nacional N°3, a la altura de Comandante Luis Piedra Buena.

La decisión pone fin a un proceso que se extendió por meses, evidenciando la “inacción estatal frente a un riesgo estructural grave y concreto” que afecta derechos constitucionales fundamentales como la libre circulación y la seguridad de los ciudadanos.

La acción judicial se inició para garantizar el tránsito seguro en un cruce vital para la conexión terrestre de la Argentina. La Ruta Nacional N°3, en este punto (entre el km 2374,72 y el km 2375,27), es la única vía habilitada y practicable para el tránsito pesado y liviano que comunica el norte del país con el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Chile. La alternativa, la Ruta Nacional N°40, es descrita en autos como intransitable para camiones y vehículos comunes en un tramo, apodado con resignación “los 73 malditos“. La relevancia de este puente es, por lo tanto, absoluta.

Según se desprende de la sentencia del Juez Federal Claudio Marcelo Vázquez, el deterioro de la estructura ha quedado largamente probado y reconocido incluso por la demandada. Los informes técnicos incorporados a la causa, y hasta el material gráfico aportado por la propia DNV, muestran “signos visibles de deterioro estructural, incluyendo exposición de armaduras, desprendimientos de hormigón, corrosión de elementos metálicos, fisuras y asentamientos irregulares”. La situación, según el magistrado, configura un “riesgo de catástrofe de grandes dimensiones si el puente llegara a colapsar”.

Ante este panorama de riesgo latente y falta de un plan de obra definido, el Juzgado Federal de Río Gallegos ha sido contundente. La sentencia admite la demanda en todas sus partes y condena al Estado Nacional a garantizar el mantenimiento y operación en “óptimas condiciones” del puente.