El Gobierno investiga un hackeo que filtró información sensible de 50.000 militares del Ejército Argentino

El Ejército Argentino denunció ante la Policía Federal, el 8 de mayo, un posible hackeo que habría comprometido información personal y administrativa de unos 50.000 efectivos.

El caso comenzó con un correo electrónico anónimo que afirmaba poseer esa información, aunque no acompañaba pruebas. Posteriormente, datos fueron difundidos en redes sociales, generando alarma en el Gobierno.

La información divulgada incluye nombres, DNI, domicilios de familiares, destinos de servicio, registros de viajes, diplomas y condecoraciones. Según fuentes oficiales, estos datos son mayormente administrativos y en su mayoría públicos. La investigación preliminar sostiene que no se comprometieron los sistemas operativos ni la capacidad funcional de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffert, coordinan con el Ejército para reforzar la seguridad informática. Se activaron todos los protocolos de protección y se trabaja en conjunto con la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). También se solicitó la intervención de la Justicia Federal para investigar y determinar responsabilidades.

El Ejército reforzó la seguridad de sus sistemas administrativos y adoptó medidas preventivas. La denuncia fue formalizada ante la División Delitos Informáticos de la Policía Federal y la Justicia Federal abrió una investigación para esclarecer la veracidad del hecho, el alcance de la filtración y la identidad de los responsables. Se espera ampliar la denuncia con nueva información que surja en la pesquisa.

Aunque se trata de datos administrativos y no operativos, la filtración generó preocupación por la exposición de información sensible de una institución clave para la seguridad nacional. El Gobierno avanza en la modernización tecnológica y en reforzar controles informáticos, además de preparar una Ley de Seguridad Nacional que amplíe las atribuciones de las Fuerzas Armadas para defensa interna.

La investigación judicial sobre el hackeo sigue su curso, con la colaboración de todas las áreas de seguridad informática del Estado.

El Ejército y el Gobierno continuarán reforzando los protocolos de ciberseguridad para evitar futuros incidentes y salvaguardar la información sensible de su personal.

En paralelo, la Justicia evaluará las pruebas y buscará identificar a los responsables del acceso ilegal a los datos.