Imputan a Silvina Batakis y María del Carmen Barros por contratación irregular en el Banco Nación

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, se enfrentan a una investigación judicial luego de que la diputada Graciela Ocaña presentara una denuncia por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

Según la denuncia de Ocaña, Batakis y Barros habrían intervenido en actividades irregulares dentro del banco sin contar con la aprobación del directorio de la institución. Estas actividades incluyen la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como "Pitty, la numeróloga", para un curso de coach por la suma de $1.800.000. Además, se menciona la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del Banco Nación, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, en una gerencia en la casa matriz del banco.

La denuncia también aborda otros aspectos, como el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación, y la autorización de Silvina Aida Batakis para que María del Carmen Barros percibiera diversos plus y premios que elevarían su sueldo mensual a aproximadamente $9.000.000. Además, se investiga el hecho de permitir que Juan Manuel Romero, pareja de María del Carmen Barros, percibiera una remuneración mensual de $700.000, a pesar de que, según la denunciante, prácticamente no asistía a trabajar.

La denuncia de Ocaña ha sido remitida al juez federal Daniel Rafecas, quien a su vez la ha derivado al fiscal Guillermo Marijuán. Este último ha impulsado la investigación y ha ordenado una serie de medidas para recabar la documentación necesaria.

La situación planteada ha generado un escándalo en el Banco Nación y ha puesto en entredicho la gestión de sus altos directivos. La investigación judicial determinará si existieron irregularidades en los actos denunciados y qué consecuencias legales podrían derivarse de estas acusaciones.