Eliminación de aportes obligatorios: tensión entre cámaras empresarias y el Gobierno

El Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad del pago de aportes a cámaras empresarias en concepto de capacitación, una medida que forma parte del plan de desregulación económica impulsado por el Ejecutivo. La decisión, oficializada a través del decreto 149/2025, establece que las empresas solo estarán obligadas a realizar dichos aportes si lo aceptan voluntariamente. Hasta ahora, cuatro entidades empresariales recaudaban estos fondos de manera compulsiva a través de los convenios colectivos de trabajo, un esquema que generaba cuestionamientos y había sido judicializado en varias ocasiones.

La medida fue bien recibida por sectores que habían quedado fuera del esquema y reclamaban su eliminación, como la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam). En cambio, entidades afectadas por la pérdida de ingresos, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), defendieron el sistema de aportes y aseguraron que es clave para financiar programas de capacitación. El impacto económico de la eliminación de estos pagos es significativo: en el sector mercantil, se estima que las empresas ahorrarán entre $5000 y $6000 millones mensuales, mientras que en la industria metalúrgica la reducción alcanzará los $2500 millones por mes.

El debate sigue escalando, con denuncias sobre el manejo de los fondos y pedidos de intervención a la CAME por parte de la Confederación Federal Pyme Argentina, que cuestiona la transparencia en el uso de los recursos. Desde el Gobierno, sostienen que la eliminación de la obligatoriedad busca garantizar la libertad de asociación y aliviar costos para las empresas. Sin embargo, las cámaras empresarias afectadas advierten que la medida podría poner en riesgo la capacitación de trabajadores y el sostenimiento de sus actividades.