En un giro clave dentro de la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en Chubut, Mauro Ariel Palma Larreburu, exjefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos, fue detenido ayer y permanece alojado en la comisaría de El Maitén.
La detención se da en el marco de una denuncia penal presentada por el Secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Hernán Jesús Tórtola, con el patrocinio del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone. En la presentación, se señala a Palma junto a otros exfuncionarios, entre ellos Marcelo Mamoliti, exsubsecretario de Servicios Públicos, José Gabriel Daher, Victoria Fuentes y Alcides Albornoz, por su presunta participación en contrataciones fraudulentas vinculadas al servicio de energía eléctrica.
La investigación apunta a la existencia de vínculos contractuales irregulares con la empresa Transacue SA, en la que la provincia tiene participación accionaria, y con la firma Ingenio, donde Palma ejercía representación comercial. Se lo acusa de haber utilizado recursos estatales con fines privados, presionando a intendentes para que contrataran sus servicios y favoreciendo a empresas con conexiones directas con su gestión.
Según consta en la denuncia, los involucrados habrían empleado su posición de poder para otorgar concesiones y realizar contratos millonarios sin los debidos procedimientos de transparencia. "Detectamos un esquema de abuso de autoridad y malversación de recursos públicos que compromete el patrimonio del Estado provincial", señaló una fuente vinculada a la investigación.
Además, se ha señalado que los acusados habrían utilizado postes del alumbrado público para instalar tendidos de fibra óptica sin autorización, beneficiando a empresas privadas con las que tenían vínculos comerciales. También se identificó que habrían presionado a intendentes, principalmente en la región Noroeste de la provincia, para que las comunas contrataran sus servicios de mantenimiento y tercerizaran el servicio de poda del arbolado público.
Entre las pruebas presentadas en la causa se incluyen contratos, documentación oficial y registros de materiales del Estado utilizados para fines particulares. Según la denuncia, estas maniobras podrían configurar el delito tipificado en el artículo 265 del Código Penal, que sanciona la incompatibilidad con la función pública.
Por el momento, Palma se encuentra a disposición de la Justicia y se esperan nuevas medidas en la investigación, que podría incluir más detenciones y allanamientos en los próximos días.
La noticia cae como un balde de agua fría, ya que Oakes era quien sostenía a Doohan y lo ratificaba como piloto titular en la Fórmula 1. Ante esta situación el histórico Flavio Briatore, máximo propulsor de Colapinto, pasa a ocupar ese cargo, con la potestad de tomar las decisiones, entre ellas quienes correrán el domingo 18 de mayo en Ímola.
