Las empresas de gas quieren aumentos de tarifas del 45% y se oponen a separar las tasas municipales de las boletas

Las empresas que prestan los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes le pidieron al Gobierno que les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios en torno a un 15%. Además, solicitaron un esquema de incrementos mensuales de sus ingresos para que no pierdan contra la inflación y se garanticen los fondos para las inversiones.

Por otro lado, algunas distribuidoras se opusieron al mecanismo que ideó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para separar las tasas municipales de las facturas y evitar los cortes de servicio si los usuarios las pagan parcialmente.

Así surge de las presentaciones que enviaron al Enargas las compañías Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea, que servirán como documentos de respaldo para la audiencia pública que se realizará el próximo jueves 6 de febrero desde las 9.
 
El Gobierno anticipó que el tope para los aumentos de tarifas será de 9,9% (menos de dos dígitos) final para los usuarios por encima de la inflación a partir de abril, por lo que se descarta que las propuestas de las empresas serán rechazadas y sus planes de inversiones se tendrán que ajustar a una menor disponibilidad de ingresos.
No obstante, el espíritu de los ejecutivos del sector privado no es tanto acceder a las tarifas que reclaman, sino más bien que el Gobierno concrete la normalización del sector con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y aporte certezas para el servicio en los próximos 5 años, hasta el 31 de diciembre de 2029.

En resumen: las empresas reguladas quieren que se cumpla lo que se vaya a acordar -aún si no es todo lo que proponen- para volver a ser "sujetos de crédito": recuperar el acceso a préstamos de dinero por parte de bancos internacionales y fondos de inversión, lo que permitirá financiar la operación de los servicios públicos, operar, mantener y eventualmente expandir las redes y, como consecuencia, que sus firmas se revaloricen en el mercado.