El bloque de la Coalición Cívica, liderado por legisladores cercanos a Elisa Carrió, presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a los funcionarios públicos que implementen la superposición de tasas municipales. La iniciativa propone incorporar un agravante al artículo 248 del Código Penal, castigando con prisión a quienes aprueben normativas que contradigan el Régimen de Coparticipación. Según los diputados, esta medida apunta a proteger a los contribuyentes de la carga fiscal excesiva y fomentar una administración más justa de los recursos.
El proyecto surge tras las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó a algunos intendentes de obstaculizar la baja de la inflación mediante el aumento de tasas locales. Esta postura generó fuertes críticas de sectores opositores, especialmente del peronismo y La Cámpora, quienes defendieron la autonomía de los municipios y denunciaron recortes del Gobierno Nacional que afectan a las localidades. En respuesta, más de 500 intendentes firmaron un documento rechazando las expresiones de Caputo, argumentando que los municipios tienen derecho constitucional a establecer sus propios tributos.
La polémica sobre las tasas municipales refleja un conflicto más amplio entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales respecto al manejo de recursos públicos. Mientras los autores del proyecto enfatizan la necesidad de aliviar la presión fiscal para combatir la inflación, los intendentes aseguran que las medidas buscan debilitar la autonomía comunal. El debate promete intensificarse, especialmente en un año donde la economía y la política local estarán en el centro de la agenda nacional.
El nuevo desembolso servirá para reforzar reservas y cumplir con pagos de deuda, en un contexto de crecientes desafíos macroeconómicos.
