La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución este viernes sobre el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Según el documento, Gallo cuenta con dos abogados que intentaron acceder a información sobre su situación, pero el gobierno de Nicolás Maduro les negó datos clave sobre su paradero y detención. La CIDH considera que el caso reviste gravedad, urgencia y un riesgo de daño irreparable, lo que motivó la adopción de medidas cautelares.
El informe detalla que, el 17 de diciembre, los abogados acudieron a la Fiscalía General en Caracas, pero se les informó que no procedía la denuncia por desaparición y se les negó acceso a información. Asimismo, la suegra de Gallo buscó respuestas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sin obtener resultados. Mientras tanto, el gobierno argentino trabaja para garantizar una defensa efectiva, mientras la Justicia y organismos internacionales presionan para obtener claridad sobre su situación.
La CIDH ha exigido a Venezuela que garantice los derechos a la vida e integridad personal de Gallo, informe sobre las circunstancias de su detención, permita la comunicación con su familia y abogados, y precise si enfrenta un proceso penal. Además, se insta a investigar los hechos que originaron la medida cautelar. La situación se agrava por la falta de transparencia de las autoridades venezolanas y la creciente preocupación por las condiciones del detenido.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la última conferencia de prensa del año, anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del MInisterio de Salud. También aseguró que no habrá ningún tipo de recorte en las pensiones ya otorgadas.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, y se están realizando entre otros lugares, en la sede de la AFA de la calle Viamonte en la Capital Federal, en el predio de la localidad de Ezeiza y en la casa del empresario Javier Faroni, que se lo interceptó al intentar viajar a Uruguay, cosa que se le impidió.
