Desalojo inminente de la comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces

La comunidad mapuche Lof Paillako, que encabeza el controvertido dirigente Ernesto Cruz Cárdenas, agotó las posibilidades legales para no ser expulsada del espacio que usurpa desde 2020 en el Parque Nacional Los Alerces.

La comunidad mapuche Lof Paillako se enfrenta a un inminente desalojo de las tierras que ocupan ilegalmente en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el último recurso presentado por la defensa de los acusados, despejando el camino para que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordene la restitución del predio al Estado Nacional.

El caso regresó al escritorio del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien iniciará el proceso de desalojo y restituir las tierras a la Administración de Parques Nacionales. En la causa, además de Cruz Cárdenas, figura su pareja María Belén Salinas.

Tras el fallo judicial a favor del desalojo, incluso antes de que la defensa presentara los recursos, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, publicó en sus redes sociales un mensaje claro: "Cruz Cárdenas, afuera", anticipando la inminente orden de desalojo. Tanto Larsen como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusaron a Cruz Cárdenas de ser el responsable por los incendios forestales que arrasaron con más de 6 mil hectáreas en el verano pasado.

"Hoy, la justicia hizo lo que debía hacer: rechazó el último recurso presentado por el usurpador Cárdenas", dijo Larsen, en diálogo con Infobae. Agregó que "este es el fin de una etapa de maniobras legales para dilatar lo inevitable. No hay más artilugios para evitar lo que está por venir: Cruz Cárdenas será desalojado antes de que termine el año, y la seccional de Guardaparque, que había sido usurpada, regresará a su propósito original, como la casa de un Guardaparque. Estamos cerrando un capítulo de injusticia y abriendo uno nuevo, donde la ley se respeta y las cosas se ponen en su lugar. Es un cambio de era, donde se hace justicia".

Para poder concretar el desalojo, se realizará una constatación del predio usurpado con el fin de saber en detalle cuántas personas residen en el territorio. Para ello, el juez Otranto ordenó un informe, que estará a cargo de Parques Nacionales, a través del cual podrá determinar no sólo los detalles de la población, sino también la cantidad de viviendas que construyeron allí, si hay niños y mujeres y definir las características de la población. Esta información será clave para planificar y ejecutar el desalojo de manera ordenada.

El organismo querellante contará con auxilio de las fuerzas federales para ingresar al lugar y culminar el relevamiento. Una vez que finalice, el magistrado podrá ordenar el desalojo en un plazo no mayor a los 15 días.