Diputados tratarán el proyecto de ficha limpia para candidatos condenados

El proyecto de Ficha Limpia ha sido debatido en períodos parlamentarios anteriores, pero nunca ha llegado a ser discutido en el recinto de la Cámara Baja. La diputada radical Karina Banfi explicó que el proyecto enfrenta una fuerte oposición del kirchnerismo, y subrayó la importancia de exigir a los candidatos condiciones de integridad similares a las de cualquier ciudadano al acceder a un puesto de trabajo. "Esto significa que todos aquellos que tienen que presentar antecedentes penales, en el caso de tener algún tipo de causa, puedan explicarlo de cara a la sociedad y no sea una mera situación que afecte otros derechos", destacó Banfi. En esencia, los candidatos a cargos de elección popular deben tener antecedentes penales limpios.

En el plenario se espera la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos, entre ellos Gastón Marra del movimiento ciudadano #FichaLimpia, la periodista Fanny Mandelbaum, el constitucionalista Daniel Sabsay, José María Pérez Corti del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Eduardo Repilloza Fernández, director de Transparencia Electoral, y el exconvencional constituyente Antonio María Hernández. Los diputados deberán decidir si la interpretación del Congreso sobre la condena será de primera instancia o si requerirá un pronunciamiento judicial en segunda instancia, además de definir los delitos que inhabilitarán a una persona de participar en procesos electorales.

La exdiputada radical Brenda Austin presentó una iniciativa en 2021, argumentando la necesidad de limitar el acceso a cargos públicos representativos basados en las disposiciones del artículo 36, párrafo 5° de la Constitución Nacional (CN), y los requisitos de idoneidad del artículo 16 de la CN. Este artículo establece que quien incurra en un grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el tiempo que determinen las leyes.

Austin planteó que no es viable reconocer la candidatura de una persona con sentencia firme o de primera instancia, ya que su situación no es comparable a la de un ciudadano sin proceso penal en curso o con sospechas no confirmadas de un hecho ilícito.

En paralelo, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto que exige estudios secundarios completos para quienes quieran ocupar cargos electivos nacionales. Este proyecto modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de los partidos políticos, estipulando que "no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales las personas que no hubiesen completado sus estudios secundarios".