Ley Bases: El Gobierno inicia los cambios con privatizaciones y reorganización del empleo público

El Gobierno ha dado el primer paso para implementar la Ley Bases, aprobada en el Congreso hace más de un mes, con la reglamentación de su primer tramo este lunes. Esta legislación busca iniciar cambios cruciales en la estructura del Estado, enfocándose en privatizaciones, la reorganización de organismos públicos y el empleo estatal.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo queda habilitado para reestructurar la administración pública con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Según el texto de la Ley Bases, el Gobierno puede modificar, eliminar, reorganizar, fusionar o transferir a las provincias el control de organismos descentralizados. Quedan exceptuadas universidades nacionales, órganos del poder judicial o legislativo, y ciertos organismos como el CONICET, ANMAT, ENACOM, entre otros.

Privatizaciones

El capítulo de privatizaciones ha sido uno de los más discutidos. Inicialmente, el proyecto contemplaba 41 empresas, pero tras negociaciones, se autorizó la privatización total de dos compañías: ENARSA e Intercargo. Además, Aysa, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales podrán privatizarse o concesionarse. También se prevé la reestructuración de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), manteniendo la mayoría estatal.

Empleo público y reorganización estatal

La Ley Bases también aborda la reducción del empleo público, permitiendo al Gobierno definir la "dotación óptima necesaria" y poniendo a parte del personal en "situación de disponibilidad" por hasta 12 meses. Las vacantes serán cubiertas mediante sistemas de selección basados en antecedentes, méritos y aptitudes, alineándose con las propuestas de Federico Sturzenegger de implementar exámenes de ingreso para el empleo estatal.

Renegociación de contratos

Otro punto crucial de la Ley es la renegociación o rescisión de contratos de obra pública y concesión que superen los diez millones de módulos y que fueron celebrados antes del 10 de diciembre de 2023. La ley especifica que suspender o rescindir contratos de obras ejecutadas en un 80% sería financieramente inviable, a menos que estas decisiones se acuerden mutuamente dentro de un plazo de 90 días.