Investigación revela irregularidades en pensiones para adultos mayores en Argentina

Esta medida surge en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones.

Según los registros de la Dirección de Migraciones, estos beneficiarios, inscritos como personas mayores de 65 años "vulnerables", han regresado a sus países de origen, incumpliendo así con los requisitos de residencia en Argentina. Esta situación representa un perjuicio mensual para las arcas del Estado de $449.341.802 millones, que anualizado asciende a los $5.842.000.000.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) está analizando otros 7.512 casos de titulares de PUAM que han permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las normas establecidas.

El fiscal Marijuan ha detallado en su solicitud los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de evitar posibles conductas delictivas.

La ley 27.260, que estableció la PUAM, establece requisitos claros para acceder al beneficio, incluyendo la ciudadanía argentina o la residencia legal mínima en el país, así como mantener la residencia en Argentina para mantener el cobro de la pensión.

La investigación de Marijuan involucra casi tres mil expedientes separados para examinar detalladamente los casos de aquellos que han abandonado el país y determinar posibles irregularidades en el cobro del beneficio. La justicia deberá identificar responsabilidades tanto de los beneficiarios como de los funcionarios públicos involucrados en estos casos.