Imputan a 16 personas por serie de crímenes en Rosario

Tras una audiencia en la ciudad, dieciséis individuos enfrentan imputaciones por su presunta implicación en una serie de eventos violentos, que incluyen el atentado contra un colectivo y los asesinatos de un taxista y un colectivero.

Aunque no se han establecido vínculos directos con estructuras criminales conocidas, la investigación apunta hacia posibles conexiones con reclusos de la región. Los hechos en cuestión incluyen un atentado contra un colectivo, en el cual afortunadamente no hubo heridos, así como los brutales asesinatos del taxista Diego Clentano, de 38 años, y del colectivero Marcos Daloia, de 39. Estos crímenes, ocurridos en días consecutivos de la semana pasada, han generado un clima de inseguridad en la ciudad.

La investigación, dirigida por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro y Fernando Dalmau, ha arrojado luz sobre parte del entramado complejo de eventos, aunque hasta el momento ninguna de las personas imputadas está directamente relacionada con estructuras criminales conocidas en la región. Sin embargo, la presencia de Tobías Barrios, quien anteriormente estuvo involucrado en los atentados perpetrados por Los Monos, ha agregado un elemento de intriga a la investigación.

Otro nombre que resuena en este oscuro panorama es el de Raúl Pereyra, quien se cree que tuvo una coautoría en el asesinato del taxista Clentano. Su llamada al servicio de taxi, minutos antes del crimen, lo coloca en el centro de la pesquisa.

Además de estos casos, un grupo de individuos enfrenta acusaciones por ocultar pruebas relacionadas con los crímenes. Desde esconder vehículos utilizados en los ataques hasta resguardar la ropa usada por los sicarios, las acusaciones apuntan a una red de complicidades que se extiende más allá de los autores materiales de los crímenes.

Lo más preocupante es la posible conexión con reclusos de Rosario que se encuentran tras las rejas en cárceles provinciales y federales. Los investigadores judiciales sugieren que estos individuos podrían haber instigado los ataques desde el interior de las instituciones penitenciarias, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y el control dentro del sistema carcelario.