A pesar de los esfuerzos del Gobierno por abordar la crisis alimentaria, los reclamos de las organizaciones sociales persisten. Aunque se han anunciado medidas para mejorar la situación, como la duplicación del monto de la tarjeta alimentar y la regularización de la asignación de transferencias de partidas a los comedores, la demanda de entrega de alimentos sigue en pie. 

Por otro lado, los sindicatos también han intensificado sus demandas, como lo demuestra la decisión de CTERA de adelantar un día su paro en exigencia de la restauración del Fondo de Incentivo Docente. Este accionar va más allá de un simple reclamo salarial, implicando un desafío directo al Gobierno respecto a decisiones específicas de política educativa. 

En este contexto, la postura de la Confederación General del Trabajo (CGT) se vuelve crucial. Sus acciones pueden influir significativamente en el equilibrio de poder entre el Gobierno y los trabajadores. La presión ejercida por las organizaciones sociales y sindicatos plantea un desafío cada vez más serio para el gobierno de Javier Milei, que debe abordar no solo las demandas inmediatas, sino también las preocupaciones subyacentes y las tensiones políticas en juego.