Alerta internacional por el protocolo de Bullrich: "Atenta contra la libertad de expresión y sindical"

En un controvertido paso para restringir el derecho a la protesta social, Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, ha implementado un protocolo que ha desatado la indignación de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El protocolo, publicado en el Boletín Oficial, establece que cualquier corte de vías de circulación será considerado un delito en flagrancia, permitiendo la intervención de las fuerzas de seguridad. Este acto ha generado una rápida respuesta de diversas organizaciones, quienes consideran que la administración de La Libertad Avanza (LLA) está buscando criminalizar la protesta en el país.

Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que "con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito". En respuesta a esta medida, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos se preparan para presentar denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Consejo Directivo de la CGT ha advertido que esta maniobra no solo atenta contra la libertad de expresión, sino también contra la libertad sindical. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as (CSA) ya han expresado su repudio al protocolo, llamando a la comunidad internacional a unirse en la condena y destacando que el gobierno argentino busca "suprimir las legítimas manifestaciones públicas".

La prueba de fuego para este protocolo será el 20 de diciembre, cuando se conmemoran 22 años de la represión que marcó el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Para ese día, diversas organizaciones están convocando a cortes y manifestaciones, siendo una prueba significativa para la nueva estrategia represiva de Bullrich.

En este contexto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad ha convocado a una audiencia pública en el Congreso para repudiar el protocolo y las amenazas contra los legisladores Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Bregman denunció la ilegalidad del protocolo, afirmando que Bullrich busca cambiar la ley de seguridad interior por medio de una simple resolución ministerial.

Además, organismos como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales han solicitado una reunión con Bullrich para revisar el protocolo. Entre las preocupaciones, destacan que la resolución no prohíbe la portación de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advierte que este protocolo implica la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. Además, señalan que el Ministerio de Seguridad pretende demandar por daños y perjuicios a los manifestantes, haciéndoles pagar los costos de los operativos de seguridad.

El futuro del protocolo y su impacto en la democracia y las libertades civiles en Argentina se encuentra en el centro del debate nacional e internacional, con diversas organizaciones y sindicatos preparados para resistir y denunciar cualquier vulneración de los derechos fundamentales.