Internacional I24 21 de noviembre de 2026

Estados Unidos acusó a Irán de utilizar la pena de muerte para intimidar a manifestantes

Washington denunció que el régimen iraní recurre a condenas capitales y cargos represivos para silenciar a quienes reclaman derechos básicos y mejoras económicas. Organismos de derechos humanos alertaron sobre el aumento de las ejecuciones en el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a las autoridades de Irán de utilizar las condenas a muerte como una herramienta de intimidación contra ciudadanos que participan de manifestaciones y reclaman mejores condiciones de vida.

A través de una publicación en su cuenta de X en idioma persa, el organismo estadounidense sostuvo que el Gobierno iraní responde a las demandas sociales con ejecuciones y procesos judiciales represivos, en lugar de abordar la crisis económica y las necesidades de la población.

Según el comunicado, cuando los ciudadanos salen a las calles para exigir sus derechos y alivio frente a las dificultades económicas, las autoridades recurren a sentencias de muerte y acusaciones severas para frenar las protestas.

El Departamento de Estado mencionó los casos de Amir Delshad, Matin Shabani y Arman Marefati, quienes recibieron condenas a muerte, como ejemplos de lo que considera un uso del sistema judicial para generar temor entre la población.

La dependencia estadounidense cuestionó que la expresión de opiniones y la participación en manifestaciones puedan derivar en castigos capitales, y señaló que estas medidas buscan silenciar la disidencia y mantener el control político.

Además, indicó que las autoridades iraníes anunciaron la ejecución de más de 730 personas desde fines de diciembre de 2025, muchas de ellas luego de procesos que Washington calificó como juicios amañados.

De acuerdo con un recuento basado en informes de organizaciones de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2026 se registraron al menos 1.158 ejecuciones en Irán, incluidas algunas que no fueron anunciadas oficialmente por las autoridades.

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 39 hombres fueron ejecutados en relación con las protestas de enero. Asimismo, señaló que otras 121 personas detenidas durante esas manifestaciones permanecen condenadas a muerte.

Entre los casos mencionados figuran Hassan Dioband, Hamid Kazemi y Reza Zangeneh, quienes fueron ahorcados el 8 de noviembre por hechos vinculados con protestas ocurridas en Karaj, al oeste de Teherán.

Por su parte, una investigación publicada por Iran International en octubre indicó que desde las manifestaciones de enero se ejecutó a cerca de dos personas por semana en causas políticas y de seguridad. El informe también señaló que otras 190 personas enfrentan condenas capitales.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron que las cifras disponibles representan un mínimo de los casos registrados y verificados, y expresaron preocupación por el uso de la pena de muerte contra personas vinculadas a protestas y actividades opositoras.

La denuncia estadounidense vuelve a poner en el centro de la atención internacional la situación de los derechos humanos en Irán y el creciente cuestionamiento al uso de la pena capital como mecanismo de represión política.