La Justicia ordenó clausurar una estancia de Lázaro Báez en Santa Cruz
La Justicia federal ordenó la clausura preventiva de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario Lázaro Báez, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien también ordenó instalar una custodia policial permanente para evitar la posible alteración, ocultamiento o sustracción de bienes.
La resolución, firmada el 17 de noviembre a pedido del fiscal Julio César Zárate, establece que el establecimiento permanecerá cerrado hasta una nueva disposición judicial. Durante los procedimientos, los investigadores contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos. Además, encontraron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos y ejemplares sin identificación reconocible. También fueron hallados vehículos y motovehículos, que quedaron dentro de la propiedad bajo resguardo.
La medida contempla excepciones para garantizar el bienestar de los animales. Por ese motivo, se autorizó el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios y personal sanitario para asegurar el suministro de agua, alimentos y atención médica.
La investigación busca determinar si Báez continuaba administrando y explotando comercialmente sus propiedades rurales desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. En ese contexto, una serie de escuchas telefónicas entre el empresario y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, habría revelado instrucciones sobre el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta.
En paralelo, la Justicia también relevó la propiedad Alquinta, donde se contabilizaron parcialmente 1.308 ovinos y seis bovinos con marcas ilegibles o alteradas. Las tareas fueron suspendidas temporalmente por el período de parición de las ovejas. A diferencia de La Entrerriana, este establecimiento no fue clausurado, aunque se ordenó preservar los bienes y garantizar el cuidado de los animales.
La causa incluye además contratos, movimientos comerciales y operaciones financieras por unos 390,9 millones de pesos que la Fiscalía vincula con la presunta organización investigada. Los procedimientos derivaron en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, y varias detenciones, entre ellas las de Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien permanece con prisión preventiva.