Investigan los vínculos de Lázaro Báez con una organización narco y una presunta financiera en El Calafate
Una investigación por tráfico de cocaína en Santa Cruz derivó en una nueva causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita que involucra al empresario Lázaro Báez. Los investigadores detectaron movimientos de dinero, una financiera que habría recibido hasta 50.000 dólares semanales y conexiones con personas de su entorno. Su pareja, Claudia Insaurralde, fue detenida junto a otros dos sospechosos.
Una investigación judicial que comenzó con la sospecha de una organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína en Santa Cruz terminó poniendo bajo la lupa los negocios y el patrimonio del empresario Lázaro Báez. La pesquisa permitió detectar presuntos vínculos entre integrantes de una banda narco y personas que intervenían en la administración de bienes y propiedades relacionadas con el dueño del Grupo Austral.
Según publicó Infobae, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de una presunta financiera ubicada en la avenida del Libertador 1359, en El Calafate, que habría recibido movimientos de hasta 50.000 dólares semanales. El dinero, de acuerdo con la hipótesis investigativa, tendría como destino a una persona identificada como “el número uno”, cuya identidad todavía se intenta establecer.
La conexión entre las dos investigaciones tiene como protagonista a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado por los investigadores como un presunto operador de una organización vinculada al narcotráfico y, al mismo tiempo, una persona de confianza de Báez para administrar sus negocios.
En las comunicaciones telefónicas, Ibáñez se refería al empresario como “el Tío”. Las escuchas incorporadas al expediente indicarían que Báez continuaba impartiendo instrucciones desde el penal de Ezeiza sobre la administración de establecimientos agropecuarios, el cobro de alquileres y distintas operaciones comerciales, pese a que parte de sus bienes se encuentra embargada o sujeta a decomiso judicial.
En el marco de los procedimientos realizados el 9 de noviembre, fueron detenidos Claudia Insaurralde, pareja de Báez; Cristian Ibáñez y Valentina Micaela Devetac, pareja de este último. Los tres fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando regresaban de Río Gallegos.
La Justicia sospecha que Insaurralde cumplía un papel importante en la estructura encargada de administrar los bienes del empresario y ejecutar las instrucciones que presuntamente impartía desde la cárcel.
Los operativos también alcanzaron propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires. En uno de los establecimientos rurales, denominado La Entrerriana, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, documentación, armas, municiones, motocicletas, generadores y un camión Iveco con pedido de secuestro.
En total, se realizaron procedimientos en distintos domicilios y propiedades vinculados con los investigados, en busca de documentación y elementos que permitan reconstruir las operaciones económicas bajo sospecha.
La causa por narcotráfico permitió identificar transferencias, operaciones financieras y movimientos de dinero que los investigadores consideran sospechosos. También se analizaron operaciones mediante billeteras virtuales y posibles circuitos utilizados para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
La investigación busca establecer si existió una estructura destinada a mantener el control de propiedades y establecimientos agropecuarios de Báez, a pesar de las restricciones judiciales que pesan sobre ese patrimonio.
El empresario fue condenado a una pena unificada de 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Sus bienes quedaron alcanzados por distintas medidas de embargo y decomiso.
Ahora, la Justicia intenta determinar qué participación tuvieron las personas de su entorno, cómo se administraban esos activos y si existieron conexiones económicas con la organización investigada por narcotráfico.
Por el momento, las sospechas sobre la relación de Báez con el circuito narco forman parte de una investigación en curso y no equivalen a una condena por esos hechos. Los investigadores deberán establecer el origen y destino de los fondos, así como el alcance de las operaciones que habrían conectado los negocios del empresario con la presunta organización criminal.