El Gobierno celebró el fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la reforma laboral para actualizar indemnizaciones
El Gobierno nacional celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso aplicar los criterios de actualización de créditos laborales establecidos en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 para los juicios que todavía se encuentran en trámite y no tienen sentencia definitiva. Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que la resolución contribuye a la seguridad jurídica y permite establecer parámetros objetivos para calcular las indemnizaciones.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello calificó el fallo como “auspicioso” y sostuvo que fija un criterio rector para el conjunto del sistema judicial. Además, consideró que la decisión fortalece la protección del derecho de propiedad y favorece que los costos indemnizatorios laborales se mantengan dentro de parámetros razonables.
La resolución del máximo tribunal establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo deberán actualizarse conforme al artículo 55 de la Ley 27.802, que contempla un mecanismo específico para las causas pendientes de sentencia definitiva, incluidos los recursos de queja que todavía no fueron resueltos.
Según ese artículo, los montos adeudados se actualizarán mediante intereses moratorios calculados a partir de la tasa pasiva que determine el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, el resultado deberá respetar determinados límites: no podrá superar el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un 3% anual, ni ser inferior al 67% de ese cálculo.
El fallo surgió a partir de una controversia judicial en la que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización monetaria de las deudas y dispuesto aplicar el IPC más un interés del 3% anual para reajustar los créditos laborales.
Con esta decisión, la Corte Suprema estableció un criterio de aplicación para los procesos laborales pendientes, en línea con las modificaciones introducidas por la reforma laboral. Desde el Gobierno señalaron que la medida permitirá reducir la disparidad de criterios entre tribunales y brindar mayor previsibilidad a las obligaciones derivadas de los conflictos laborales.