Femicidio de Micaela García: comienza un nuevo juicio contra el dueño del lavadero donde trabajaba el asesino

A más de nueve años del femicidio de Micaela García, la Justicia volverá a juzgar a Néstor Pavón, dueño del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por la violación y el asesinato de la joven en Entre Ríos. El nuevo debate comenzará este jueves en Gualeguay y buscará determinar si Pavón encubrió el crimen o si tuvo una participación directa en el ataque.

En 2017, Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, en 2019, la Cámara de Casación de Paraná anuló esa sentencia al señalar graves errores en la valoración de las pruebas y ordenó realizar un nuevo juicio. Tras distintas instancias judiciales y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se avanzó con la realización de otro debate. Actualmente, Pavón se encuentra en libertad y podría enfrentar una condena más grave si se demuestra su responsabilidad como coautor del femicidio.

El juicio estará a cargo de los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Se desarrollará en ocho audiencias, previstas entre el 29 y el 30 de octubre y distintas fechas de noviembre, con el cierre programado para el 12 de ese mes. Entre los testimonios previstos se encuentra el de Wagner, cuya declaración podría resultar relevante para esclarecer la participación de Pavón. Néstor “Yuyo” García, padre de la víctima, sostuvo que una declaración anterior había señalado al dueño del lavadero como la persona que le quitó la vida a su hija.

Micaela tenía 21 años y estudiaba el profesorado de Educación Física cuando desapareció durante la madrugada del 1 de abril de 2017, luego de salir de un boliche en Gualeguay. Tras una semana de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una zona rural del departamento. La investigación determinó que Wagner fue el autor de la violación y el femicidio, por los que recibió prisión perpetua. La causa también generó cuestionamientos sobre la decisión judicial que le había permitido acceder a la libertad condicional en 2016, pese a que existían informes técnicos desfavorables.

El caso tuvo una fuerte repercusión nacional y dio lugar a la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado. A casi una década del crimen, el nuevo juicio representa una instancia clave para la familia, que espera que se vuelvan a analizar las pruebas y los testimonios ante un tribunal diferente. El objetivo será establecer si Pavón tuvo una participación directa en el ataque o si su responsabilidad se limitó al encubrimiento posterior.