Ley de Malvinas: crecen las tensiones en el Gobierno por los cambios al Consejo de Seguridad Nacional
El Gobierno nacional mantiene abiertas las negociaciones para modificar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye sanciones vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y cambios en materia de defensa, inteligencia y seguridad. Las diferencias internas sobre la composición del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades de control del Congreso complican los acuerdos con los bloques aliados.
La Secretaría Legal y Técnica presentó nuevas propuestas para destrabar el debate, aunque todavía no logró el respaldo necesario. Entre las alternativas analizadas estuvo la incorporación al organismo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una posibilidad que por el momento quedó descartada. También está en discusión la participación permanente de la Secretaría Legal y Técnica.
Otro de los puntos de conflicto es el alcance de la comisión bicameral que supervisaría las actividades del Consejo. Mientras algunos sectores impulsan un mecanismo de seguimiento parlamentario, también se evaluó otorgarle facultades para autorizar determinadas decisiones antes de su ejecución. Esta última alternativa no consiguió consenso dentro del oficialismo.
El proyecto original establece que el Consejo será presidido por el presidente Javier Milei y estará integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Sin embargo, bloques aliados, entre ellos el PRO, reclamaron incorporar al Ministerio de Seguridad Nacional para evitar superposiciones entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales.
Las objeciones también alcanzan al artículo 111, que contempla penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas de injerencia extranjera, incluidas campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales. El PRO, la UCR y otros espacios solicitaron precisar la redacción para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la actividad académica.
La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre y contiene 133 artículos distribuidos en ocho títulos. Además de establecer sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos, propone cambios en seguridad nacional, defensa, inteligencia, protección de infraestructura crítica y legislación penal. La amplitud del paquete también generó cuestionamientos de sectores opositores, que plantearon separar las medidas específicas sobre Malvinas del resto de las reformas, una alternativa que el Ejecutivo rechaza.