El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios para los contribuyentes
El Gobierno nacional promulgó y reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II, identificada como Ley 27.826, que introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario y en el esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias. La normativa, publicada en el Boletín Oficial este viernes, 9 de octubre, busca incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal de la economía y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
Uno de los principales cambios es la eliminación de los límites de ingresos anuales y patrimonio que anteriormente condicionaban el acceso al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, podían adherir quienes registraran ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio inferior a $10.000 millones. Con la nueva disposición, se amplía el universo de contribuyentes que pueden incorporarse a este esquema.
La ley también establece una reducción permanente del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales para personas humanas, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. Además, modifica el criterio de “discrepancia significativa” utilizado para evaluar las declaraciones impositivas: se contempla cuando ARCA detecta un aumento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos de al menos el 15%, con un piso de $5 millones.
Otro de los puntos centrales es la limitación de las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En caso de que una resolución firme determine que el organismo impugnó incorrectamente a un contribuyente, deberá reintegrar los montos abonados, junto con los intereses correspondientes, en un plazo máximo de 45 días hábiles. La normativa también excluye a los funcionarios públicos de las presunciones y beneficios del régimen, tanto durante el ejercicio de sus cargos como respecto de quienes los hayan ocupado en los cinco años previos a su adhesión.
Por último, la legislación actualiza las sanciones vinculadas al registro de trabajadores rurales. Las multas por la falta u omisión de registrar los contratos pueden alcanzar los $7,5 millones por cada trabajador afectado. Con estos cambios, el Gobierno apunta a ampliar la formalización de activos y actividades económicas, modificar los mecanismos de control tributario y establecer nuevas condiciones para la relación entre el fisco y los contribuyentes.