El Gobierno prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para estatales y ATE anticipa medidas de fuerza

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de decreto para implementar un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Nacional. La iniciativa contempla compensaciones económicas de hasta 20 salarios por antigüedad, adicionales de hasta cinco sueldos y una prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años. Mientras el Ejecutivo busca reducir la estructura estatal, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la propuesta y anticiparon que evalúan nuevas medidas de fuerza.

Según publicó Clarín, el proyecto está fechado el 5 de octubre y todavía no fue oficializado en el Boletín Oficial. La iniciativa alcanzaría a unos 21.187 trabajadores y tendría un costo inicial estimado de entre $116.500 millones y $130.000 millones. El régimen también incluiría a empleados contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que quedarían excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, personal del Servicio Exterior, agentes de la Secretaría de Inteligencia y determinados cuerpos docentes y artísticos.

El esquema establece distintas modalidades de compensación según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. Para algunos grupos se prevé el pago de un salario por cada año de servicio, con topes de entre 18 y 20 sueldos, además de adicionales que pueden llegar a cinco salarios. En determinados casos, los empleados próximos a cumplir los requisitos jubilatorios podrán optar por percibir mensualmente el 60% de su remuneración durante un máximo de 36 meses, mientras el Estado continúa realizando los aportes previsionales y de obra social.

Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición de volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años para quienes acepten el retiro. La restricción abarcaría empleos, cargos públicos, asesorías y contrataciones, con excepción de la docencia en universidades nacionales. Además, el proyecto establece que los organismos deberán eliminar los cargos presupuestarios de quienes se desvinculen y no podrán cubrir esas vacantes durante los dos años siguientes.