Malvinas: Argentina avanza con un arbitraje internacional para intentar frenar el proyecto Sea Lion

El Gobierno argentino inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa apunta a cuestionar la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es objeto de una disputa entre ambos países.

El procedimiento se tramita bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y contempla la conformación de un tribunal arbitral específico para resolver la controversia. Mientras ese tribunal se constituye y analiza la cuestión de fondo, la Argentina busca recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que puedan disponer la suspensión de determinadas actividades vinculadas con Sea Lion.

La posibilidad de solicitar estas medidas está contemplada en el artículo 290 de la CONVEMAR. La norma establece que, mientras no esté constituido el tribunal arbitral, el Tribunal del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el tribunal que deberá resolver la controversia tendría competencia y que existe una situación de urgencia. Estas medidas tienen carácter provisional y no implican una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto.

El proceso arbitral podría extenderse durante meses o incluso años, mientras que la solicitud de medidas provisionales busca una respuesta en un plazo considerablemente más breve. Según el procedimiento previsto por la CONVEMAR, si las partes no acuerdan otro tribunal dentro de las dos semanas posteriores a la solicitud, el TIDM puede intervenir para analizar las medidas provisionales mientras se conforma el tribunal arbitral.

La estrategia argentina se produce después de que el Gobierno intimara al Reino Unido a frenar las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration participan del desarrollo del proyecto, cuyo inicio de producción está previsto para los próximos años.

Desde la Cancillería argentina sostienen que el recurso al arbitraje constituye una vía prevista por el derecho internacional y remarcaron que ambos países son Estados Parte de la CONVEMAR. El Gobierno británico, en cambio, rechazó la iniciativa argentina y mantiene su posición respecto de las Islas Malvinas y de los derechos de los habitantes del archipiélago.

El resultado de la presentación ante el Tribunal del Derecho del Mar será relevante para determinar si la Argentina consigue una medida provisional mientras continúa el arbitraje. En paralelo, el tribunal que se constituya bajo el Anexo VII deberá analizar posteriormente la cuestión de fondo planteada por el Gobierno argentino.