La Justicia bonaerense suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. La medida fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, luego de hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad.

La resolución fue firmada este lunes, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa, y plantea como principal preocupación la capacidad del sistema bonaerense para alojar a una eventual mayor cantidad de adolescentes. Según la magistrada, los cambios introducidos por la ley podrían incrementar tanto los ingresos como el tiempo de permanencia de jóvenes dentro de los dispositivos de privación de libertad.

Uno de los puntos centrales del fallo es el estado actual de los establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes. La jueza sostuvo que existen deficiencias vinculadas con las condiciones de encierro, el acceso a la educación, la formación profesional y la incorporación al ámbito laboral. En ese sentido, advirtió que no se encuentran dadas las condiciones necesarias para recibir a una mayor cantidad de jóvenes sin afectar sus derechos fundamentales.

La magistrada también alertó sobre las posibles consecuencias de un escenario de hacinamiento y sostuvo que el deterioro de las condiciones de encierro puede tener efectos sobre la seguridad y la violencia una vez que los adolescentes recuperen la libertad. “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, señaló en la resolución, al justificar el carácter preventivo de la medida.

Además de suspender la aplicación de la ley durante 60 días, la Justicia convocó para el 16 de septiembre a funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense vinculados con la implementación del nuevo régimen. En esa audiencia deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos para mejorar la infraestructura y los recursos del sistema. Mientras tanto, la resolución ordenó a los organismos provinciales involucrados adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensión.