Perú declaró el estado de emergencia en cinco penales por el avance del crimen organizado

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios del país, en una medida destinada a reforzar la seguridad y combatir las actividades de organizaciones criminales que operarían desde las cárceles. La disposición alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo el control del orden interno, con respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la intervención estará limitada al perímetro exterior de los establecimientos, en un radio de hasta 200 metros. Durante el período de emergencia podrán restringirse temporalmente la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal dentro de las zonas comprendidas por la norma.

El operativo contempla controles en los accesos, tareas de inteligencia y vigilancia de los alrededores, además de acciones destinadas a proteger el espacio aéreo y el espectro electromagnético cercano a los penales. Las fuerzas de seguridad también realizarán procedimientos para detectar y retirar elementos prohibidos, como teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Mientras la Policía y las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad exterior, el INPE mantendrá la administración y custodia interna de los cinco establecimientos. La normativa establece además que la declaración de emergencia no supone una suspensión general de las garantías fundamentales y dispone preservar derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso.

Según el Ejecutivo peruano, los cinco penales seleccionados concentran cerca de la mitad de los internos vinculados con organizaciones criminales. El objetivo es impedir que estas estructuras utilicen los establecimientos penitenciarios para coordinar delitos hacia el exterior. El anuncio se produjo luego de una reunión de la presidenta Keiko Fujimori con integrantes de su gabinete y el nuevo titular del Consejo Nacional Penitenciario, en la que se analizaron medidas para reforzar el sistema carcelario y la respuesta frente a la inseguridad.