Procesaron a 12 militantes de Greenpeace por una protesta contra la Ley de Glaciares en el Congreso

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a 12 militantes de Greenpeace que participaron de una protesta contra la Ley de Glaciares en las escalinatas del Congreso Nacional. Los acusados fueron imputados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público.

El hecho ocurrió el 26 de febrero, cuando los activistas treparon las rejas del Palacio Legislativo, que se encontraban cerradas con candados, y accedieron a un sector restringido del edificio. Como parte de la manifestación, distribuyeron inodoros sobre las escalinatas y exhibieron carteles con consignas contra una eventual modificación de la normativa de protección de glaciares.

En su resolución, Martínez de Giorgi consideró que el derecho constitucional a la libertad de expresión, reunión y protesta no habilita el ingreso sin autorización a espacios expresamente restringidos. Para el magistrado, las rejas cerradas y el dispositivo de seguridad constituían una señal clara de que el acceso al sector no estaba permitido.

El juez también sostuvo que la conducta podía encuadrarse en el delito de violación de domicilio, al considerar que el sector restringido del Congreso puede ser asimilado a un espacio privado en cuanto existe una autoridad con facultades para determinar quién puede ingresar. Además, señaló que la ausencia de violencia, daños materiales o una ocupación permanente no elimina la posible responsabilidad penal.

Los 12 procesados no quedaron detenidos. El magistrado descartó la prisión preventiva al considerar que cuentan con arraigo, se presentaron cuando fueron citados y no existen elementos que indiquen riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, ordenó embargos de $2 millones para cada uno.

Durante sus indagatorias, los militantes sostuvieron que se trató de una protesta pacífica y sin daños, enmarcada en una campaña institucional para reclamar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La causa se inició a partir de un procedimiento de la Policía Federal, que derivó en el secuestro de distintos elementos utilizados durante la manifestación, entre ellos siete inodoros, banderas, carteles y equipos de comunicación.

La resolución judicial vuelve a poner en el centro del debate los límites entre el derecho a la protesta y el cumplimiento de las restricciones de acceso a edificios públicos. El procesamiento no implica una condena, por lo que la situación procesal de los 12 acusados continuará definiéndose durante el avance de la causa.