Pablo Grasso presentó un Programa de Desendeudamiento para todos los santacruceños

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó este lunes el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, que busca ofrecer herramientas concretas de refinanciación a familias y trabajadores de Santa Cruz afectados por deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales. 

El anuncio se realizó este mediodía y contó con la presencia de el diputado Eloy Echazu, la concejal Soledad Kamu y el abogado Mauricio Gómez Bull, quien expuso sobre los ejes jurídicos. También contó con la presencia del grupo de abogados y asesores que confeccionaron el proyecto.

La iniciativa establece topes a las tasas de interés, refinanciación accesible y una cláusula de protección para que ningún trabajador perciba sueldo cero por descuentos bancarios. 

Pablo Grasso remarcó que la medida responde a una creciente angustia social provocada por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento sostenido de la morosidad en los hogares. 

El jefe municipal enfatizó la urgencia del debate legislativo: “Presentaremos este proyecto de desendeudamiento en la Cámara de Diputados para que se trabaje y tenga modificaciones que lo mejoren; lo ponemos a disposición de toda la sociedad. La plata no alcanza, hay mucha preocupación de los vecinos y la gente no puede pagar la tarjeta de crédito. Las tarifas llegan con montos exorbitantes, el banco te absorbe todo el dinero y crece el endeudamiento”, analizó. 

Uno de los pilares centrales de la iniciativa radica en la intangibilidad del salario. El texto fija que los descuentos sobre haberes de los por deudas alcanzadas por este régimen no podrán superar bajo ninguna circunstancia el 30% del salario bruto. Con esta disposición se busca erradicar las situaciones extremas en las que el trabajador sufre la retención total de su remuneración y queda sin liquidez para subsistir. 

Un alivio real

Asimismo, la letra del proyecto explicita que la deuda no se condona ni desaparece, sino que se reprograma en esquemas sustentables para garantizar la cobrabilidad sin asfixiar a los deudores. 

Al respecto, el diputado Eloy Echazú contextualizó la necesidad de la iniciativa en los elevados índices de mora que registra la jurisdicción. En ese sentido, fundamentó que el proyecto busca dotar de amparo e igualdad a los ciudadanos frente a las medidas de desregulación financiera. 

“Santa Cruz tiene un alto porcentaje de morosidad en los créditos bancarios y a raíz de esto tomamos la decisión de elaborar un proyecto de ley para aliviar esta situación. Nosotros planteamos la revisión de intereses, que son exorbitantes, no que se condonen las deudas”, dijo el legislador y consideró que los vecinos y las vecinas están pasando un momento muy complicado por las medidas nacionales y provinciales que están afectando mucho a las economías familiares. “El Gobierno provincial presentó un plan de alivio, pero no alivió nada”, agregó Echazú. 

Ejes del proyecto y condiciones de refinanciación 

El programa establece condiciones de elegibilidad e instrumentos de alivio financiero bien delimitados: 

Tasa y plazo: refinanciación con una tasa máxima fija del 35% anual y un plazo mínimo de devolución en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

Garantías: prohibición explícita de exigir nuevas garantías reales sobre la deuda consolidada. 

Adhesión bancaria: obligatoria para el Banco Santa Cruz y optativa para las demás entidades bancarias que operan en la provincia, las cuales contarán con incentivos fiscales para su incorporación. 

Sujetos beneficiarios: personas residentes en Santa Cruz con deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales en situación de mora, cuyos ingresos familiares se encuadren en los límites reglamentarios y la carga de la cuota supere el 30% del ingreso familiar. 

Asesoramiento y control

Con el propósito de equilibrar la relación entre las entidades financieras y los usuarios, la norma proyecta la creación de un registro de abogados para brindar asistencia jurídica gratuita y exime del pago de tasas o gastos judiciales en las causas contempladas. A su vez, incorpora la figura del stop debit para suspender de forma provisoria los débitos o descuentos cuestionados y frenar situaciones de hostigamiento cobratorio. 

Finalmente, para evitar la autorregulación bancaria, la iniciativa crea una Comisión de Seguimiento y Contralor integrada por representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Abogados, organizaciones sindicales y entidades de defensa del consumidor. Este órgano participativo tendrá facultades para recibir denuncias, fiscalizar el cumplimiento estricto del programa y publicar informes de gestión de carácter semestral.