Neuquén aprobó el protocolo para realizar narcotest a sus diputados

La Legislatura de Neuquén aprobó el protocolo que permitirá comenzar a realizar controles toxicológicos a sus 35 diputados. Los estudios serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, y deberán efectuarse como mínimo una vez cada dos meses dentro del propio edificio legislativo.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1248, que obtuvo 30 votos a favor y dos en contra. El procedimiento contempla que la convocatoria sea inmediata, personal y reservada, y que los controles puedan realizarse durante sesiones, reuniones de comisiones, sesiones extraordinarias y encuentros de la Comisión Observadora Permanente.

La coordinación estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá garantizar la correcta toma de las muestras, preservar la privacidad de los legisladores y mantener la cadena de custodia. Para realizar los análisis se deberá contar con un laboratorio o equipo técnico autorizado por la autoridad sanitaria provincial.

¿Qué ocurre si un diputado da positivo?

En caso de que el primer test arroje un resultado positivo, el protocolo establece que deberá realizarse un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado antes de determinar las consecuencias correspondientes.

El nuevo procedimiento busca poner en funcionamiento la Ley 3531, sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año. La norma establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

La legislación considera a los exámenes como un requisito de permanencia en los cargos públicos. Además de diputados y funcionarios del Ejecutivo, alcanza a magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales, entre otros.

Los análisis están destinados a detectar metabolitos de distintas sustancias, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. La negativa injustificada a realizarse el examen es considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo.

El primer funcionario en someterse al control tras la sanción de la ley fue el propio gobernador Figueroa, quien obtuvo un resultado negativo y sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben “predicar con el ejemplo”. En el caso de la Legislatura, el protocolo recientemente aprobado establece una frecuencia de controles superior a la prevista como mínimo por la ley: al menos uno cada dos meses. El costo de cada examen estará a cargo del legislador sometido al test.