Denuncian presuntas irregularidades millonarias en el PAMI de Tierra del Fuego

Una denuncia presentada ante la Justicia puso bajo la lupa la gestión de Fernando Polizzi al frente del PAMI en Tierra del Fuego. El diputado nacional del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Jorge “Koki” Araujo Hernández, sostuvo que durante esa administración se habrían producido distintas irregularidades que podrían haber generado un perjuicio económico estimado entre $1.000 y $1.500 millones.

La presentación ya es analizada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada en delitos cometidos en el ámbito del PAMI, que lleva adelante actuaciones preliminares para determinar si existieron delitos en la administración de los recursos de la obra social de los jubilados. Entre los hechos denunciados aparecen prestaciones médicas que afiliados aseguran no haber recibido, órdenes de estudios que no serían compatibles con las condiciones de algunos pacientes y prácticas que, según la presentación, no podrían haberse realizado por falta de equipamiento.

La denuncia también menciona órdenes médicas que profesionales aseguran no haber emitido, prestaciones registradas en historias clínicas mientras los afiliados se encontraban fuera del país y posibles irregularidades en procesos de contratación. Otro de los puntos señalados involucra a la empresa de medicina Sanos y a su titular, Claudio Ponce, debido a presuntas contrataciones reiteradas por parte del organismo. El propio denunciante indicó que este aspecto deberá ser respaldado documentalmente y será materia de investigación.

El caso también generó cuestionamientos políticos debido a la posterior designación de Polizzi en la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Araujo Hernández vinculó al exfuncionario con referentes de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y sostuvo que sus vínculos políticos habrían tenido incidencia en su designación. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de la denuncia política y no constituyen una determinación judicial.

Mientras avanzan las actuaciones preliminares, también se analiza en el ámbito legislativo la posibilidad de conformar una comisión investigadora. El objetivo sería determinar si existieron irregularidades, establecer eventuales responsabilidades y conocer el destino de los fondos administrados durante la gestión cuestionada.

Al cierre de la información, Fernando Polizzi no había respondido a las consultas periodísticas sobre las acusaciones. En tanto, el senador nacional Agustín Coto tomó distancia de los señalamientos y afirmó que, si bien Polizzi es funcionario del Gobierno nacional, “no es una persona de mi mayor cercanía”. La investigación judicial deberá determinar ahora si las presuntas irregularidades denunciadas tienen sustento y si existió efectivamente un perjuicio para los fondos del PAMI.