El Gobierno ejecuta la política de cierre de minas con nuevos estándares de participación ciudadana y sostenibilidad

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, continúa fortaleciendo la implementación de la Ley Provincial N° 3751, de Cierre de Minas, mediante la puesta en vigencia de la Disposición N° 153/2026, que incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, transparencia y gestión sostenible para los proyectos mineros de la provincia.

La Ley N° 3751 constituye uno de los pilares de la política minera provincial, al establecer un marco específico para abordar el cierre de minas desde una perspectiva integral y planificada. Sobre esa base, la nueva normativa profundiza el modelo impulsado por Santa Cruz, incorporando instrumentos destinados a fortalecer el seguimiento ambiental, mejorar la calidad y trazabilidad de la información, y ampliar la participación de las comunidades en la gestión de la actividad minera.

En este marco, la Disposición N° 153/2026 establece lineamientos obligatorios para la implementación de monitoreos ambientales participativos, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la medición y gestión de huellas ambientales, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la implementación de estándares globales para la gestión de relaves y el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación pública y acceso a la información.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa, es la incorporación del monitoreo ambiental participativo, como herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana. Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación, deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual, garantizando la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera.

Los monitoreos deberán comprender, como mínimo, variables vinculadas a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, pudiendo ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y riesgos de cada proyecto. Los resultados deberán ser accesibles a la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos por la Autoridad de Aplicación.

La Disposición incorpora además indicadores vinculados con huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa, así como medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones, basada en información verificable y comparable.

De esta manera, la Provincia avanza en una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe ser planificado y gestionado durante todo el ciclo de vida del proyecto. La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza, permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo.

Desde la Secretaría de Estado de Minería, se destacó que la medida representa una nueva etapa en la implementación de la Ley N° 3751, consolidando un modelo provincial que vincula cierre de minas, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia, y que fortalece el rol del Estado en la planificación y control de la actividad.

La iniciativa, forma parte de la decisión del Gobierno Provincial de continuar modernizando la gestión minera, y promover un desarrollo productivo sostenible, con reglas claras, controles eficientes, información transparente y una participación cada vez más activa de las comunidades.

Con la Ley N° 3751 como marco y la Disposición N° 153/2026 como una nueva herramienta para su implementación, Santa Cruz profundiza una política minera que busca anticiparse a los desafíos del cierre, incorporar estándares de sostenibilidad desde las etapas activas de los proyectos, y construir una minería responsable, con una mirada puesta en el futuro de sus territorios y comunidades.