El CEO de Telegram acusa a España de avanzar hacia un “estado de vigilancia” por su plan para prohibir redes a menores

El director ejecutivo y cofundador de Telegram, Pavel Durov, cuestionó con dureza el plan del Gobierno de España para reforzar la regulación de las plataformas digitales, que incluye la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. El empresario calificó la iniciativa como “regulaciones peligrosas” que, bajo el argumento de proteger a los niños y adolescentes, podrían derivar en un “estado de vigilancia” y afectar las libertades en Internet. Sus declaraciones fueron publicadas en un mensaje dirigido a los usuarios de Telegram en España, donde advirtió sobre los posibles efectos de la medida en la privacidad y el anonimato online.

El proyecto, anunciado por el presidente Pedro Sánchez en el marco de un foro internacional, busca elevar la edad mínima de acceso a redes sociales —actualmente fijada en 14 años en línea con el marco europeo— y obligar a las plataformas a implementar controles más estrictos para impedir el ingreso de menores, sin excepciones por autorización parental. Desde el Ejecutivo español sostienen que la propuesta apunta a reducir riesgos asociados al uso de redes en edades tempranas, como la exposición a contenidos violentos o sexuales, el ciberacoso, las conductas adictivas y la presión de los algoritmos sobre la salud mental de niños y adolescentes. La iniciativa se encuentra en trámite parlamentario y prevé sanciones para las empresas que no cumplan.

Durov advirtió que este tipo de regulaciones podría empujar a las plataformas a aplicar mecanismos de verificación de identidad más invasivos, como la exigencia de documentos o datos biométricos, lo que —según su postura— erosionaría el anonimato y favorecería la recopilación masiva de información. También alertó sobre un posible escenario de “sobrecensura”, en el que las compañías eliminen contenidos polémicos para evitar sanciones. En la misma línea, Meta ya había expresado críticas a regulaciones similares en otros países, al considerar que pueden trasladar a los menores hacia entornos digitales menos controlados. El debate sobre el equilibrio entre protección de los jóvenes y libertades digitales vuelve así al centro de la escena en Europa.