La Justicia ordenó aplicar de forma inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de Campana ordenó la inmediata puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad. La norma, aprobada por el Congreso en julio de 2025 y vigente hasta 2027, había sido vetada parcialmente por el Ejecutivo y luego condicionada mediante el Decreto 681/2025, que exigía al Legislativo detallar las fuentes de financiamiento antes de su aplicación.

En su fallo, el juez Adrián González Charvay declaró inválido ese artículo del decreto por considerar que el Poder Ejecutivo no puede suspender la implementación de una ley promulgada por el Congreso, señalando una violación al principio de legalidad y a la supremacía constitucional. El magistrado también rechazó los argumentos fiscales del Gobierno, recordando que el Congreso ya había autorizado al Jefe de Gabinete a reasignar partidas y que desde diciembre de 2023 se realizaron más de 19 reorientaciones de fondos hacia otras áreas.

La sentencia destacó la urgencia que atraviesan las personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores, ante la interrupción de prestaciones esenciales para su salud, educación e integración social. Además, señaló que la demora en la implementación profundiza el subfinanciamiento del sistema y afecta a miles de familias, instituciones y profesionales. Organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad respaldaron la demanda, celebrando el fallo como un paso clave para garantizar derechos postergados.