Investigan a Lázaro Báez por una millonaria evasión fiscal en alquileres
La DGI investiga a Lázaro Báez por presunta evasión fiscal tras detectar que facturó más de 240 millones de pesos entre 2020 y 2025 por el alquiler de sus propiedades. Según el informe, el empresario cobró en efectivo (algunos pagos en dólares) para evitar usar sus cuentas judicialmente congeladas y no declaró los ingresos.
La maniobra también involucra a sus hijos Martín y Leandro, a su pareja Claudia Insaurralde y a inmobiliarias de Río Gallegos. Entre los inquilinos figura Claudio Kirchner, sobrino lejano del expresidente. La causa podría derivar en una denuncia penal por evasión agravada y desvío de fondos.
Los cálculos judiciales llegaron a adjudicarle a Báez y su emporio cerca de 600 mil hectáreas, adquiridas en los años del apogeo kirchnerista que lo volvieron uno de los latifundistas más prósperos del país. Un informe del Tribunal de Tasación de la Nación registró, en 2017, que el empresario y sus compañías tenían 418 bienes inmueblesdistribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuentes judiciales le adjudicaron propiedades en Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Las casas y departamentos de Báez están en proceso de ser decomisados por la Justicia como efecto de las condenas por corrupción. Están inhibidos pero solo para su venta. No hubo ninguna restricción para impedir que sean explotados, es decir, puestos en alquiler o, como en muchos casos, continuaran ocupados, con contratos vigentes. Tampoco hay impedimentos legales, más allá de la curiosidad, para que alguien preso pueda emitir facturas.
Allí entonces se abrió la brecha de nuevos negocios para Báez y los suyos. Es que la maniobra involucra también a sus hijos Martín y Leandro, a su novia Claudia Noemí Insaurralde -que habría ido a cobrar alquileres en persona-, a ex empleados de Austral Construcciones -la nave insignia del empresario- y hasta a empleados y funcionarios del actual gobierno de Santa Cruz, algunos en calidad de locatarios.
Por el momento, la investigación también apunta a dos firmas del rubro. Una sería Inmobiliaria Patagonia Propiedades y la otra usaría los nombres de fantasía Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, relacionadas a Luis Alberto Orué. Ambas ya habrían reconocido administrar propiedades en nombre de Báez y realizar rendiciones de ingresos y egresos de los fondos surgidos de los alquileres.
Esas empresas "serían el nexo necesario para el cobro de los alquileres y su distribución a terceras personas directamente relacionadas" con Báez, precisan los investigadores, que definen el caso como una "distracción de fondos", es decir, un desvío de dinero para eludir el embargo judicial.