Polémica en Chubut por el acuerdo millonario con Red Chamber y los permisos de pesca excepcionales

La posibilidad de que el Gobierno de Ignacio Torres otorgue permisos por fuera de las normas encendió las alertas de las Cámaras Pesqueras. Pero además, desde la oposición apuntan al "cambio de opinión" del Poder Ejecutivo que pasó de quitarle la concesión de una planta en Puerto Madryn a acordar la construcción de otra en Trelew. Qué dice el gobierno de Chubut.

El acuerdo “conciliatorio” y millonario entre el Gobierno de Ignacio Torres y la empresa Red Chamber Co para instalar una nueva planta industrial en Trelew generó un fuerte rechazo de la oposición y del sector pesquero, que cuestiona la posibilidad de que se otorguen permisos de pesca por vía excepcional. El diputado Emanuel Coliñir pidió un informe oficial en la Legislatura para conocer los detalles del entendimiento.

Cabe recordar que la empresa está en Chubut desde el año 2015, cuando se hizo cargo de la compañía Alpesca, tras la quiebra de esta dejando a 600 trabajadores sin su empleo. La provincia, gobernada en ese entonces por Martín Buzzi, inició la expropiación de la planta y cerró con la Red Chamber Co un contrato que se cumplió, en aquel momento, sin objeciones administrativas y judiciales.

En septiembre, Torres anunció la decisión de rescindir el contrato con la pesquera estadounidense y recuperar la planta, alegando incumplimiento. A finales de septiembre, el Gobierno tomó posición de las instalaciones y firmó la concesión de las mismas a Pesquera Deseado del grupo español Profand.

La empresa de capitales españoles se comprometió a mantener las fuentes laborales y realizar una inversión de 70 millones de euros. Ese acuerdo debería haber sido girado a la Legislatura, sin embargo el diputado Emanuel Coliñir de Arriba Chubut, afirmó que no fue así y por eso presentó un pedido de informes para que el secretario de pesca Andrés Arbeletche, en un plazo de 5 días, de cuenta de los alcances del convenio firmado con Pesquera Deseado.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, la compañía pesquera Red Chamber, de capitales estadounidenses, presentó una demanda ante la Justicia de California en la que acusa al grupo español Profand de espionaje, conspiración y corrupción.

En el mismo documento, la firma menciona al actual Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, a quien se le atribuye haber solicitado un pago de 6,5 millones de dólares en “B-money” —dinero digital no rastreable— a cambio de que la empresa pudiera continuar operando en el predio de la expropiada Alpesca en Puerto Madryn.

La denuncia fue presentada el 9 de septiembre de este año por el estudio Tucker Ellis LLP, e incluye una descripción detallada de una reunión que habría tenido lugar el 3 de abril de 2025 entre Meiszner y el entonces presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, en un hotel de Buenos Aires. Durante ese encuentro, el funcionario provincial habría sugerido realizar el pago para garantizar la continuidad de las operaciones y la futura adquisición de los bienes de Alpesca.
“A las 2:00 pm del 3 de abril de 2025, Andrés Meiszner, ministro de Economía y ahora Fiscal de Estado de la provincia, se reunió con Marcelo Mou, presidente de Red Chamber Argentina, para discutir la amenaza que se cernía sobre la compañía por el cese del contrato. Esta reunión se llevó a cabo en el Alevar (en vez de Alvear) Art Hotel en Buenos Aires, Argentina”, dice la demanda. Y agrega: “Durante la reunión, el Sr. Meiszner recomendó al Sr. Mou que Red Chamber pague US$6,5 millones en ”B money” si quería continuar operando la expropiada Alpesca, y adquirir las instalaciones (y otros bienes) después de finalizado el juicio de expropiación. El Sr. Meiszner recomendó que Red Chamber haga un primer pago de US$3 millones y luego un segundo pago de US$3,5 millones cuando se transfiriese Alpesca a Red Chamber”, dice el documento que cita La Nación.

Más adelante, la demanda sostiene: “Aparentemente, es un patrón de la intervención sospechosa de la provincia en la industria pesquera”.

Pese a las fuertes críticas a la empresa estadounidense que hicieron públicas tanto Arbeletche como el propio gobernador Torres, el 1 de noviembre todo cambió, cuando la Provincia anunció el acuerdo alcanzado con Red Chamber que incluye la construcción de una nueva planta en Trelew y posibles otorgamientos de permisos pesqueros.

Cabe recordar que, previamente a eso, al momento de tomar posesión de la ex Alpesca, el secretario de Pesca había criticado a Red Chamber al señalar que “hubo faltas de cooperación, retiro de documentación y deterioro en las maquinarias, lo que derivará en acciones judiciales“.

Sin embargo, 15 días después revelaba que, ante el interés manifiesto de la pesquera americana de “quedarse en Chubut”, se estaba en negociaciones con la misma.
Así se llegó al acuerdo conciliatorio que puso fin a la disputa surgida tras la rescisión, por parte del Estado provincial, del contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca. De hecho, desde la propia Red Chamber habían confirmado que iniciarían un juicio millonario como consecuencia de la quita de la concesión y que este acuerdo dejaría atrás el litigio.
Este anuncio, motivó que el pasado miércoles 5 de noviembre, el diputado Coliñir también presentara un proyecto de Resolución, en el que pide que el Gobierno provincial brinde precisiones sobre el acuerdo conciliatorio alcanzado con la empresa.

El legislador solicitó conocer el contenido del acuerdo firmado, si el mismo pone fin a los litigios judiciales en curso, y cuál es la situación de la deuda estimada en $2.500 millones que mantiene la empresa con la provincia.
Además, Coliñir pidió información sobre si el Gobierno utilizará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o alguna vía excepcional para repartir permisos de pesca, un punto que encendió las alarmas entre las cámaras empresarias del sector.

También requirió precisiones sobre la inversión comprometida en la nueva planta de Trelew, su proyección de empleo y los activos que mantendrá la compañía en el país.
De acuerdo a la información brindada por el propio Ejecutivo chubutense, el entendimiento alcanzado con Red Chamber contempla la construcción de una planta industrial en Trelew, con una inversión privada que, según el Gobierno, permitiría reactivar la producción local y generar puestos de trabajo.

Sin embargo, la posibilidad de que la empresa obtenga nuevos permisos de pesca por fuera de los mecanismos habituales provocó un fuerte rechazo en las principales cámaras pesqueras de la provincia.
Desde el sector, aseguran que no hubo participación técnica ni dictámenes de los organismos especializados, lo que podría derivar en un aumento del esfuerzo pesquero sobre los recursos naturales.

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, expresó su preocupación en diálogo con La Opinión Austral y apuntó directamente contra el Ejecutivo provincial:
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se otorguen nuevos permisos sin evaluar proyectos productivos, pero sobre todo cumpliendo los requisitos de sustentabilidad de los recursos naturales, de la opinión vinculante y no vinculante de los institutos de investigación, de los servicios técnicos de la Secretaría de Pesca y de las campañas biológicas que se hacen de la Comisión de Langostino”.

De la Fuente remarcó que la decisión sería “irregular” por cómo se comunicó y recordó que hace apenas un mes la empresa Red Chamber “no era buena palabra para la provincia porque le habían rescindido un contrato por incumplimientos”.
“Y hoy darle ese beneficio, cuando hay un montón de empresas que están a la espera de ese mismo beneficio para tener captura directa y hacer un mejor producto con valor agregado, nos parece que no corresponde”, subrayó el dirigente.
El titular de CAPIP también recordó que la facultad de otorgar nuevos permisos corresponde a la Legislatura de Chubut, por lo que —sostuvo— “ellos tendrán que responder si le elevan estos proyectos”.

Lo propio sostuvo Gustavo González, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACH), al hacerse eco de los “trascendidos” sobre que el acuerdo con Red Chamber incluiría el otorgamiento de nuevos permisos pesqueros.
El dirigente y empresario pesquero si bien admitió que desde la Secretaría de Pesca provincial le habrían dicho que “no hay nada” advirtió, en el mismo sentido que De la Fuente, que agregar esfuerzo pesquero al caladero sin los estudios biológicos adecuados pone en “riesgo inminente” la certificación de sustentabilidad lograda por el sector.
Al miso tiempo lo consideró “muy injusto” para las empresas radicadas. Y señaló que hoy existe “más oferta de producto fresco que lo que se puede procesar“.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el diputado Emanuel Coliñir coincidieron en reclamar claridad y transparencia respecto del acuerdo con la compañía pesquera. Ambos señalaron que se trata de un tema sensible para la industria local, que requiere de informes detallados y de la participación de todos los actores involucrados.
Desde la oposición, recalcan que el Gobierno provincial debería evitar decisiones unilaterales y garantizar un proceso “abierto y transparente” para no comprometer la sustentabilidad de los recursos pesqueros ni generar desequilibrios en la distribución de cupos.

Por su parte, el Ejecutivo provincial defendió el convenio con la empresa, argumentando que Red Chamber invertirá en una moderna planta industrial en Trelew destinada al procesamiento de langostino y merluza, con capacidad de empleo directo e indirecto para cientos de trabajadores.
La compañía, de origen estadounidense y con operaciones en Puerto Madryn desde hace más de una década y que ahora se trasladará a Trelew, busca consolidar su presencia en la región tras años de litigios y dificultades financieras.

Para el Gobierno de Torres, con esta conciliación se refuerza la estrategia de la provincia orientada al desarrollo industrial, la exportación y la promoción de empleo de calidad. Desde la administración chubutense se destacó que la permanencia de Red Chamber en la provincia consolida la vocación productiva y exportadora de Chubut.

No obstante, el conflicto político y la presión del sector pesquero mantienen el tema en el centro del debate legislativo. Porque más allá de las plantas, el foco de la polémica está en el otorgamiento y distribución de los permisos de pesca y la transparencia de los acuerdos empresariales en la provincia.

Fuente: La Opinión Austral.